Manuel Guadarrama | @ManuGuadarrama*
Para el aniversario 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República anunció que enviaría diversas reformas constitucionales y legales para que el Congreso las discuta. Los temas son variados: desde programas sociales, pensiones y vapeadores, hasta la militarización de la Guardia Nacional o la división de poderes y conformación del Poder Judicial de la Federación. Aunque difícilmente se logre la discusión, análisis y aprobación de ellas, la estrategia es clara. Controlar la agenda y narrativa en medio del proceso electoral más grande del país. Esto no significa que los temas no sean relevantes, todo lo contrario.
Tomemos de ejemplo lo que ha circulado en medios y redes sobre 1) elevar la tasa de reemplazo de las pensiones a 100%, 2) la eliminación de los organismos constitucionalmente autónomos y 3) la reforma al Poder Judicial, en la que se platea la elección de jueces, magistrados y ministros.
En el primer caso, el Ejecutivo Federal planteó la posibilidad de que las personas se jubilaran con 100% de su sueldo. La idea suena bien y nadie se opondría a este tipo de retiro. Sin embargo, para hacerlo el Gobierno Federal tendría que aportar más recursos para pensiones que lo que se gasta en educación y salud en conjunto. Actualmente hay dos tipos de pensiones: la contributiva, en la cual el trabajador aporta recursos para su retiro, y la no contributiva, pagada a través de programas sociales con recursos públicos. El problema es que del presupuesto 2024, las pensiones ya representan 22% del gasto total y de acuerdo con estimaciones de Citibanamex, esta reforma podría tener un costo fiscal de hasta 430 mil millones de pesos para 2025.
En repetidas ocasiones el Ejecutivo Federal ha señalado y confrontado a los organismos autónomos. Cuando comenzó su administración señaló que no sabía cuántos eran ni para qué existían. Posteriormente argumentó que eran grupos de interés creados y que salían caros. En la práctica se ha demostrado su valía: el INAI obligó a transparentar y rendir cuentas al Gobierno en los casos de Odebrecht, la Estafa Maestra, la Casa Blanca, Agronitrogenados, el paso Exprés, entre muchos otros; el INE organizó las elecciones que permitieron la última transición de poder y recientemente las elecciones intermedias y otros ejercicios como la consulta popular. El INEGI proporciona información y cifras clave para la toma de decisiones de las políticas públicas. La COFECE ha sancionado prácticas monopólicas y anticompetitivas, y la lista podría seguir y seguir. En conjunto el presupuesto de los autónomos representa 1% del presupuesto total.
La reforma al Poder Judicial de la Federación surge ante las decisiones que han sostenido jueces, magistrados y ministros sobre normas y actuaciones de la administración que son ilegales o inconstitucionales. El Ejecutivo argumenta un contubernio ideológico de los juzgadores conservadores. La evidencia señala la falta de técnica jurídica y respeto a la constitución por parte de la administración. Sin embargo, la necesidad de legitimar la actuación del Poder Judicial es real, pero la elección de los juzgadores tendría mayores riesgos que ventajas. La reforma implica al gremio de abogados, pero impacta a todo el país.
La crítica a las reformas no es sinónimo de negación. Al contrario, tomarse en serio las reformas que necesita el país requiere plantear no solo pensionarse con 100% del sueldo, sino de plantear la reforma fiscal que se requiere. Fortalecer las funciones que llevan a cabo los organismos constitucionalmente autónomos no significa desaparecerlos, sino lograr que se conozca su labor y se les exija en correspondencia. Democratizar al Poder Judicial y mejorar el acceso a la justicia no se logra con la elección popular, sino planteando cómo mejorar la selección y disminuir los riesgos de todo el proceso. Si de verdad se van a discutir de forma seria y abierta, bienvenidas sean. De lo contrario, solo son una distracción más en pleno proceso electoral.
*Manuel Guadarrama es maestro en políticas públicas y profesor universitario.
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