Del Premio Nobel y las instituciones

*Por Ricardo Gallegos

Recién se anunció como los ganadores del Premio Nobel de Economía 2024 a Daron Acemoglu, Simon Johnson y a James A. Robinson, por su contribución en torno a cómo se forman las instituciones y cómo estas afectan a la prosperidad de los países. Y pareciera casi una indirecta a algunas de las reformas constitucionales que se están aprobando y/o se aprobarán antes de que acabe el año en México.

Del paquete de 18 propuestas enviadas por la administración del expresidente López Obrador, siete han sido ya aprobadas por ambas cámaras y la expectativa es que el resto de ellas se presenten y aprueben en lo que resta del año; este es sin duda uno de los cambios más importantes que hemos visto en los últimos años.

Las reformas son de diferentes características, e inciden en distintos ámbitos de la sociedad mexicana. Algunas buscan dar mayor fortaleza a algunas políticas públicas de la llamada cuarta transformación como, por ejemplo, elevar a rango constitucional ciertos beneficios como las becas y transferencias directas a cierto porcentaje de la población, declarar obligatorio que el salario mínimo no crezca por debajo de la inflación, reconocer a las culturas afromexicanas, etc. Otras buscan revertir cambios constitucionales aprobados previamente, como los relacionados a los órganos autónomos, y otras buscan modificar la forma de organización y distribución de justicia, como la recién aprobada reforma al Poder Judicial.

Estas reformas tendrán diferentes efectos a lo largo del tiempo en nuestra sociedad; algunas de ellas provocarán ciertamente un cambio en cómo nos venimos organizando y ciertamente tendrán efectos económicos en el mediano y largo plazo. Y aquí es donde quizás entra de manera importante lo que los actuales ganadores del Premio Nobel de Economía mencionan. Países que apuestan por fortalecer a las instituciones (inclusivas), dándoles independencia y alejándolas del control del Gobierno, probarían que producen una mayor prosperidad en el largo plazo. Y por el contrario, cuando los gobiernos optan por instituciones sin independencia y básicamente están diseñadas para retener el poder y control (exclusivas), ofrecen ganancias de corto plazo para quien ostenta el poder, pero no suman a la prosperidad.

En México quizás ahí esté el punto fino. En el corto plazo, respecto a estas reformas y esta concentración del poder, la teoría y la evidencia no dice que no dé frutos ni que no sea popular, al contrario, puede ser que en el corto plazo se den ciertos actos que parezca que esto sea lo que siempre necesitamos: un gran estado sabio, eficiente y ejecutor que resuelva. Sin embargo, esa misma evidencia muestra que, en el largo plazo, el no contar con instituciones que verdaderamente representen un contrapeso efectivo al poder hegemónico del estado ha sido mayoritariamente negativo.

Tomemos, por ejemplo, la muy probable eliminación de los organismos autónomos. ¿Su eliminación es un tema presupuestal? Ni de cerca; el gasto dedicado a estos organismos no representa un porcentaje a PIB que haga inoperante al gobierno, sin dejar de lado que siempre se puede eficientizar y hacer mejor las cosas. La probable eliminación de este tipo de entidades permitirá tener resultados más rápidos, pero tambien más a modo para las autoridades en turno.

Cada uno de estos organismos será absorbido por una entidad gubernamental (por lo que parte del presupuesto y todo el control se irá ahora a esa entidad) y quedaría de la siguiente manera: La Comisión Federal de Competencia Económica pasaría a la Secretaría de Economía; el Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social al INEGI; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a la Secretaría de Función Pública; la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía a la Secretaría de Energía; y finalmente, la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación a la Secretaría de Educación Pública.

Y de estas fusiones habrá algunas que tengan un mayor peso en el ánimo, por ejemplo, de los inversionistas, pero otras afectarán al simple ciudadano de a pie, que si quiere obtener información del gobierno acerca de costos, adjudicaciones o proyectos se lo tendrá que pedir al mismo gobierno.

Será interesante ver cómo evoluciona desde el punto institucional México como país y si esta concentración de poder y de armado institucional con instituciones cada vez más exclusivas funcionan no sólo en el corto sino también en el largo plazo. Al tiempo

*Director General Adjunto de Análisis Económico en HR Ratings.