por Raquel López-Portillo Maltos
Las escenas del paro nacional en Ecuador infligen un recuerdo amargo de las movilizaciones sociales ocurridas apenas en 2019. En ese entonces, al ahora ex presidente Lenín Moreno le costó el cargo su propuesta de eliminación de subsidios a los combustibles para mitigar el déficit fiscal del país. La fractura política y social que ocasionó dicho suceso hoy parece revivir ante la escalada de protestas violentas, enfrentamientos entre la policía y manifestantes y un clima de descontento generalizado tras dos semanas de movilizaciones y bloqueos encabezados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) y otros sectores sociales.
En esta ocasión, la gota que derramó el vaso en un contexto deteriorado de inseguridad y crisis económica, fue el aumento en el costo de vida debido a la escalada de los precios del petróleo. A pesar de que esta condición que encuentra origen principalmente en la guerra en Ucrania ha ocasionado graves estragos a nivel mundial, en el caso de América Latina ha repercutido con una mayor vehemencia dadas las profundas desigualdades existentes en la región, como ha sido evidenciado hace un mes en Perú y como comienza a reflejarse en Argentina. En el caso de Ecuador en donde las poblaciones indígenas han sido históricamente marginadas, la presión inflacionaria y el alza a los precios del combustible y los fertilizantes ha sido una combinación letal en un contexto en donde el 39 por ciento de la población padece de una pobreza multidimensional.
Aunado a ello, en poco más de un año de gobierno, el presidente Guillermo Lasso no ha propiciado una sola reforma estructural que atienda las principales necesidades de la población. En gran medida, esto se debe a la pérdida del apoyo con el que contaba en el Congreso al haber roto con las alianzas que lo llevaron al poder. Adicionalmente, la respuesta a las movilizaciones han tenido un tinte de creciente autoritarismo, en donde mediante el estado de excepción se ha recurrido a la militarización pública y a una grave represión policial que ha desembocado en la muerte de cinco personas y cientos de heridos. A la exigencia de 10 puntos por parte de la CONAIE, entre los que destacan subsidios para el combustible, alivio de la deuda para los más pobres y mayor inversión en educación y salud, se ha respondido con otros 10 puntos de propuestas por parte del gobierno en los que se da por terminado el estado de excepción, se propone declarar un estado de emergencia del sector salud y una reducción en los precios del combustible y el fertilizante.
Si bien los motivos detrás de esta coyuntura son claros, cabe destacar dos cuestiones que subyacen: el aprovechamiento de grupos políticos cercanos al ex presidente Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia por corrupción, para ganar capital político y las rupturas internas del movimiento indigenista. Por un lado, las protestas populares han sido una herramienta recurrente para destituir a la cabeza de Estado ante crisis y escándalos en la historia reciente del país. Esta vez no es la excepción, ya que el bloque de oposición allegado al ex presidente Correa ha solicitado a la Asamblea Nacional la destitución de Lasso bajo el argumento de la “grave conmoción interna” que se vive debido al paro. Esta situación ha llevado a que el oficialismo condene las protestas como un complot contra su gobierno, obviando las demandas legítimas bajo las que se erigieron. Pese a que difícilmente se alcancen los 92 votos necesarios para lograr la destitución, el simple intento de removerlo pone sobre los reflectores la enorme influencia que conserva el correísmo y su disposición de mantenerla a costa de la estabilidad política del país.
Por su parte, Leónidas Iza, líder de la CONAIE, ha jugado un papel tan fundamental como contradictorio al frente de las protestas. Pese a que su capacidad de movilización y de liderazgo es innegable, su cercanía a grupos del correísmo, como evidenciado en el acercamiento a candidatos afines y la inclusión de este grupo en las movilizaciones del 2019, le ha ocasionado cierta reticencia por parte de ciertos grupos al interior de la Confederación. Para ciertas comunidades es imposible borrar el recuerdo autoritario de Correa, llevándolos a separarse del núcleo de la organización pese a su afinidad ideológica. Prueba de estas fracturas recae en el hecho de que, mientras que ciertos grupos piden la destitución de Lasso en las calles, Pachakutik, el grupo político de la CONAIE en el Congreso, apoya al presidente. En el contexto actual, distintos dirigentes y activistas indigenistas no respaldan los pedidos de revocatoria de mandato al considerar que hacerlo podría ocasionar un mayor caos, lejos de solucionar sus problemas más apremiantes.
El diálogo que mantienen en estos momentos las partes se ilustra entre dos premisas de quienes lo encabezan: “Democracia o Caos”, como bandera de Lasso ante su respuesta de mano dura, y “Comunismo indoamericano o barbarie”, plasmado en un texto de Leónidas Iza. Ambos supuestos suenan a un juego de todo o nada, bajo los cuales difícilmente se pueda forjar una solución sostenible en el corto plazo. De ahí la importancia de rescatar las demandas más urgentes para frenar la violencia y las pérdidas recientes. Los próximos días definirán la continuidad del mandatario en el Palacio de Carondelet y, en gran medida, el futuro político de Ecuador. Cómo se resuelva es también un termómetro para lo que le puede deparar al resto de América Latina.
Asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y especialista en derechos humanos e igualdad de género. Actualmente se desempeña como analista estratégica en temas relacionados con Latinoamérica. @RaquelLPM