A unos meses de las elecciones presidenciales, la participación de la sociedad civil organizada es más relevante que nunca. Como una gotera, los ataques y el desprecio desde el Poder han sistemáticamente limitado y debilitado su participación. Paradójicamente, en estos años se han llevado a cabo ejercicios de participación ciudadana como consultas populares, encuestas y asambleas. La #MarchaPorLaDemocracia del pasado domingo es reflejo de las preocupaciones, exigencias y anhelos de diversos grupos de la sociedad.
Desde el Gobierno, la concepción es que las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) son innecesarias si se tienen instrumentos de participación directa. De acuerdo al gobierno, las organizaciones son intermediarias que salen sobrando y que ocultan intereses de otros grupos de poder. Sin pecar de ingenuidad hay algo de cierto en esa concepción. El ataque a las OSCs ha llevado a una escasez de su financiamiento, lo que abre la puerta a intereses ocultos. Sin embargo, atacar y desmantelar a la sociedad civil organizada significa cerrar la puerta al valioso trabajo que llevan a cabo: asistencia social, cultural, financiera, educativa, centros de investigación, entre muchas otras actividades. Reducir el espacio cívico es señal de un Gobierno opuesto a la democracia, totalitario y autoritario.
El empleo de herramientas como la consulta popular, los plebiscitos y las encuestas no deben ser excluyentes del rol que juegan las organizaciones de la sociedad civil organizada. Cada uno de ellos tiene una función especial: votar por tener una palmera o un ahuehuete no está peleado con votar por encarcelar a expresidentes o la consulta a especialistas y organizaciones para construir soluciones a problemas complejos como la seguridad pública, el combate a la corrupción o la rendición de cuentas.
En un Estado libre y democrático, las OSCs aportan diferentes perspectivas, conocimientos, experiencias y trabajo para construir una sociedad más justa y participativa. En pocas palabras, funcionan como una vía institucional para la exigencia de derechos, la rendición de cuentas, la fiscalización y contrapesos a todos los poderes públicos, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial.
Aunque no está libre de críticas, la sociedad civil organizada en México es la impulsora de grandes cambios para el desarrollo del país. El trabajo realizado se remonta desde la ayuda proporcionada en el Sismo del 85, hasta la creación de instituciones fundamentales para la democracia como el Instituto Federal Electoral ahora INE, la protección de Derechos Humanos, el Banco de México, el INEGI, el CONEVAL, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ahora INAI o la sensibilización sobre la importancia de la lucha anticorrupción y la defensa de los derechos humanos.
Reconocer la importancia de la sociedad civil organizada tampoco está peleado con la participación directa de las personas en la vida pública. Un espacio cívico por definición es inclusivo de sectores, grupos e individuos con distintos puntos de vista. La inteligencia colectiva que se desprende de éste implica aprovechar el conocimiento generado mediante la comunicación y colaboración entre diversos sectores. No en balde dice el dicho dos cabezas piensan mejor que una.
Este gobierno construyó muros a la comunicación y la colaboración, los cuales son el mínimo requerido para el ejercicio de la democracia. Esperemos que el siguiente no incurra en el mismo error. La falta de confianza en la sociedad civil (organizada y no organizada) implica menospreciar el compromiso y la determinación de las personas que no se resignan ante la injusticia, la falta de transparencia, el mal gobierno o la desigualdad. Que quede claro, sin una sociedad civil fuerte no existe un gobierno democrático.
Maestro en políticas públicas y profesor universitario.
@ManuGuadarrama
