La semana pasada se dio a conocer el resultado del estudio de minas que la Secretaría de Obras de la CDMX realizó en Constituyentes, derivado de la obra del Cablebús línea 3.
Anunciado como proyecto insignia de movilidad durante la administración de Claudia Sheinbaum, esta línea 3 del Cablebús que recorrerá avenida Constituyentes, desde su anuncio ha causado controversia.
Meses después fue necesario corregir el trazo planteado, y las columnas tuvieron que cambiar de ubicación.
Sin embargo, en las colonias Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza, América, Observatorio y 16 de Septiembre, continúa la desconfianza al tratarse de una zona de minas, cuya condición actual se desconoce.
En consecuencia la Secretaría de Obras realizó el estudio para analizar las condiciones del subsuelo, y presentó el Programa de Atención para Reducir los Riesgos Identificados, que entre otras cosas incluye un tratamiento para estabilizar el suelo, inyectando minerales naturales en puntos estratégicos, en vez de utilizar relleno con otros materiales.
Esta presentación coincidió con el debate público por la iniciativa del Jefe de Gobierno, del tope de rentas y la obligación de construir vivienda en arrendamiento a través del INVI.
Pero las construcciones del INVI, recientemente no gozan de buena reputación, y doy un ejemplo:
Recordarán el caso de la Ciudad del Bienestar en Tacubaya, antes llamada Ciudad Perdida, donde el gobierno capitalino construyó a través del INVI, 16 torres de departamentos, sin verificar previamente que se encontraba debajo una mina, poniendo en riesgo la vida de sus habitantes.
A pesar que ese incidente ocurrió hace poco más de dos años, hoy recobra vigencia ante la nueva faceta de desarrollador inmobiliario del gobierno, pues ya es vigente la obligación de construir vivienda para rentar a las personas de menores ingresos.
Para las construcciones del INVI existen facilidades administrativas que permiten exentar algunos trámites, como si las mismas fueran infalibles en seguridad estructural, sin embargo, no es así.
Por eso, la Secretaría de Obras, el Sistema de Aguas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, coincidieron en hacer un llamado a la SEDUVI, para evitar que se realice cualquier modificación en el uso de suelo en esta zona, ya que alterar la densidad y/o demanda de servicios, se pondría en gran peligro a quienes viven en la zona.
De ahí la importancia de cumplir todos los requisitos en materia de seguridad estructural, pues, de continuar con ese modelo de facilidades administrativas en el nuevo negocio del estado, compromete y pone en constante riesgo a los habitantes.
A ese ritmo, no habrá ciudad que planear, territorio para gobernar, ni habitantes por escuchar.
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