El derecho de acceso a la información, consagrado en el artículo 6º constitucional, permite a cualquier persona solicitar y obtener información en posesión del gobierno que sea de su interés. Tradicionalmente, este derecho se ha concebido como una herramienta clave para la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y, recientemente, para la participación ciudadana. Sin embargo, ha demostrado ser también un recurso estratégico para el sector privado, promoviendo la competitividad y el desarrollo económico del país.
Para las empresas, este derecho se convierte en un facilitador en la toma de decisiones estratégicas al permitir analizar tendencias de mercado y conocer políticas regulatorias. Este acceso reduce riesgos, anticipa cambios y ayuda a adaptar estrategias. Además, transformar la información pública en conocimiento colectivo permite identificar oportunidades de expansión en sectores y regiones con potencial de crecimiento.
La transparencia en los procesos de contratación gubernamental también tiene un impacto directo en el ámbito empresarial. Al fomentar un entorno de competencia justa, asegura que empresas de todas las escalas participen en igualdad de condiciones en el mercado de adquisiciones públicas, disminuyendo riesgos de corrupción. Con el conocimiento de normativas y sanciones vigentes, las empresas pueden, a su vez, alinear su dinámica conforme a las mejores prácticas, previniendo sanciones y fortaleciendo su reputación.
La creciente disponibilidad de datos abiertos ha impulsado al sector privado a desarrollar productos y servicios innovadores basados en información pública. Desde soluciones de movilidad hasta aplicaciones en el sector salud, estos avances posicionan al derecho de acceso a la información como un motor de innovación que permite atender demandas sociales relevantes, fortalecer la competitividad y crear valor en la economía y la sociedad.
A través de esquemas de colaboración, como el gobierno abierto, se ha facilitado la participación de diversos sectores de la sociedad, incluidas las empresas, en la formulación de políticas públicas. Las consultas y mesas de trabajo permiten que el sector privado aporte conocimiento específico, contribuyendo a que las regulaciones estén mejor adaptadas a las realidades del mercado. Este entorno de confianza y transparencia fortalece la competitividad y fomenta un clima de inversión favorable.
Actualmente, el INAI se encuentra desarrollando una Política de Apertura Institucional, con el objetivo de ampliar la colaboración entre el gobierno y los diversos sectores de la sociedad. A través de esta política, habrá una participación efectiva de la ciudadanía, con un impacto profundo en los asuntos públicos. Con el enfoque de un verdadero Estado Abierto, el sector privado se beneficiará de los esquemas colaborativos, garantizando que pueda tener voz en los asuntos públicos de manera transparente y clara.
El INAI se consolida así como un aliado estratégico del sector privado. Al promover un entorno de transparencia, el Instituto permite a las empresas mexicanas aprovechar información crítica para optimizar recursos, reducir riesgos y contribuir a la construcción de un México competitivo, abierto a oportunidades de crecimiento y de mejora continua.
Adrián Alcalá Méndez
Comisionado Presidente del INAI