La próxima presidenta del país, Claudia Sheinbaum, comentó que en su administración no tiene contemplada una reforma fiscal que permita mejorar la capacidad de ingresos del gobierno federal, esto a pesar de ser un señalamiento constante de instituciones bancarias como Citibanamex o BBVA y calificadoras como Moody´s y Fitch Ratings, que hacen análisis rigurosos de las finanzas públicas del país.
Es entendible que no quiera hablar de subir o crear nuevos impuestos para no asustar a los empresarios ni a los mortales, pero al menos debería mostrar una estrategia más clara sobre cómo elevar la base de contribuyentes que permita generar ingresos y que para estos nuevos causantes sea sencillo cumplir con sus obligaciones fiscales.
Hasta el cierre de abril, el padrón de contribuyentes activos que registró el Servicio de Administración Tributaria (SAT) era de 85.3 millones de personas físicas y morales (empresas). La Ciudad de México concentra la mayor cantidad con 12.8 millones; mientras Colima tiene la menor cantidad con 494 mil causantes.
Los impuestos que pagan estos contribuyentes, especialmente del ISR, generan ingresos que aportan más del 50% del gasto público, lo cual es bueno, pero no es suficiente ante el crecimiento de gastos ineludibles como el pago de pensiones, el pago de intereses de la deuda y transferencias a estados.
Para las calificadoras y bancos es necesario que se tenga claridad sobre cuánto podrían aumentar los ingresos y de dónde provendrán, especialmente porque el nuevo gobierno se enfrentará a uno de los mayores déficits de la historia reciente que equivaldrá a 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB) y a una deuda que rebasará el 50% del Producto, según las mismas estimaciones de la Secretaría de Hacienda.
Sheinbaum dice que los gastos reducirán porque se concluirán los proyectos insignia de AMLO y ya no requerirán tantos recursos, pero nadie sabe hasta ahora cuándo obtendremos ganancias del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, del Tren Maya, de la refinería Olmeca en Dos Bocas, de la aerolínea Mexicana, ni del Corredor Interoceánico.
Lo que sí sabemos es que en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que ante la disminución de los ingresos presupuestarios (ya sea del cobro de impuestos o de la venta petrolera), Hacienda podrá hacer ajustes en rubros como Comunicación Social y Servicios Personales (de la burocracia).
Ahora, si la reducción de los ingresos equivale hasta 3% de los recursos por impuestos, empezarán los recortes al gasto programable de las dependencias públicas, las cuales ya han sido severamente ajustadas por el actual gobierno.
La última reforma fiscal que se realizó fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto que se logró con el denominado Pacto por México en 2013, la cual tampoco fue suficiente pero ayudó a cubrir el boquete de los ingresos petroleros.
AMLO no quiso hacer una reforma fiscal y una de las consecuencias es que 50 millones de personas se quedaron sin acceso a la salud durante la crisis sanitaria, y esto se puede entender porque no se tuvieron los recursos suficientes para invertir y apoyar más el sector de salud.
Ojalá, la nueva presidenta aproveche sus primeros tres años para replantearse una reforma que se encamine a un aumento de la base de contribuyentes y que no aplique esta frase de “a palabras necias oídos sordos”.
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