Sobre advertencia no hay engaño, con la mayoría calificada de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, y a solo un voto de la oposición en el Senado, el Presidente podrá llevar a cabo su llamado Plan C que incluye la desaparición de órganos autónomos, la reforma judicial y la reforma electoral, por mencionar algunas.
Estas reformas han generado preocupación y alarma a nivel nacional entre especialistas, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, ciudadanas y ciudadanos. Calificadoras internacionales y bancos de inversión han hecho advertencias sobre el impacto que podría tener en el país. Desde Estados Unidos y Canadá también se ha expresado inquietud lo que podría comprometer la relación comercial y estabilidad del país.
El pasado 23 de agosto, se impulsó la reforma para eliminar organismos autónomos la cual tuvo el primer avance en el Congreso, al ser aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales para su posterior aprobación en el pleno, donde se prevé que sea discutida por la nueva Legislatura que inicia labores el próximo 1 de septiembre.
Esta reforma busca redirigir los recursos de estos organismos hacia programas sociales y otras prioridades del Ejecutivo, pero pone en riesgo la transparencia, el equilibrio de poderes y la efectividad de las políticas públicas en áreas cruciales como la transparencia, el combate a la pobreza, la protección de derechos humanos, la evaluación de la educación, la competencia económica y la regulación de energía.
Organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) han sido fundamentales para la transparencia en México. Han operado de manera independiente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo cual garantiza imparcialidad en estas áreas de gran relevancia donde los intereses políticos no deben influir.
Aunque cada uno de estos organismos son relevantes en su área de especialización, me centraré en dos que, particularmente, preocupa su desaparición: el INAI y el Coneval.
El INAI ha sido esencial para garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales. La propuesta de transferir sus funciones a dependencias federales amenaza con desaparecer su autonomía, lo cual representa un retroceso en transparencia y rendición de cuentas que con tanto esfuerzo democrático ha sido construido por generaciones y dificulta la capacidad de la sociedad civil organizada y todas las personas mexicanas para dar seguimiento a las acciones de gobierno y exigir responsabilidades.
La reforma también contempla la desaparición del Coneval, crucial en la evaluación de la política social en México. El Coneval ha proporcionado datos y análisis rigurosos sobre avances y retrocesos sobre la política social del país. Hoy es también pieza clave en el combate a la pobreza y la garantía de los derechos humanos, ha fortalecido al Estado mexicanos para diseñar políticas más efectivas y basadas en evidencia.
El Coneval ya ha lanzado un posicionamiento público expresando su preocupación y solicitando un diálogo con las y los legisladores del Congreso de la Unión sobre el asunto central de la garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos antes de avanzar en la discusión de esta reforma legislativa.
Es importante destacar que el Coneval se ha apegado a los principios de la Ley Federal de Austeridad Republicana impulsada por la presente administración y es quizá́ el organismo público más costo-efectivo del país. Además, se señala que no tiene duplicidad de funciones con el INEGI por lo que su eliminación representaría un retroceso en materia de evaluación y monitoreo de más de 20 años.
Además de los riesgos para la transparencia y la lucha contra la pobreza y en favor de los derechos humanos, eliminar tales organismos autónomos plantea un desafío para la democracia mexicana. Concentrar más poder en el Ejecutivo podría erosionar los contrapesos necesarios para una democracia funcional. La independencia de estos organismos es esencial para proteger a las instituciones de la captura política y asegurar que sus decisiones se basen en criterios objetivos sin presiones políticas.
La reforma representa un peligroso precedente de centralización del poder que tendrá implicaciones negativas de largo alcance para la democracia en México. Es crucial que las instituciones democráticas sean fortalecidas, no debilitadas.
Es fundamental que, desde la sociedad civil, la ciudadanía, y particularmente las y los legisladores que nos representan en el Congreso de la Unión se involucren en el dialogo sobre las implicaciones de esta reforma y defiendan la democracia y los derechos humanos. La eliminación de organismos autónomos no debe decidirse apresuradamente ni bajo presión por agenda política o intereses particulares. Debe haber un análisis profundo sobre cómo estas instituciones han contribuido a la democracia, al desarrollo social y derechos humanos, y cómo su eliminación podría afectar estos avances.
México necesita instituciones fuertes, independientes y comprometidas con el interés público. La eliminación de estos organismos autónomos pondrá en riesgo los avances logrados en la construcción de una democracia más justa y efectiva y obstaculizará el desarrollo sostenible del país.
Investigadora en Early Institute
