La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales implica un grave retroceso hacia la opacidad de la gestión gubernamental, de las empresas que tienen negocios con dependencias públicas, de los sindicatos y de los partidos políticos, entre otros sujetos obligados. El IFAI-INAI, que inició funciones el 1º de enero de 2003, murió de asfixia luego de que Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum lo sometieron al escarnio público para minar su legitimidad.
Bajo el falso argumento de que el órgano garante de la información pública y otros seis organismos autónomos significan gastos excesivos para el erario público, fueron desaparecidos por la aplanadora morenista vigente en las cámaras de senadurías, diputaciones y congresos locales, sin que se haya determinado con claridad qué pasará con los derechos laborales de 845 empleados de la institución y, de paso, con las personas que trabajan en las comisiones estatales de transparencia; menos aún, se ha determinado el destino de la plataforma nacional de transparencia que, conforme con datos difundidos por las y los actuales comisionados, alberga alrededor de 15 mil millones de archivos que incluyen datos personales.
El INAI perdió la batalla ante las desmedidas presiones de AMLO para desaparecer los contrapesos a la gestión del gobierno, lo masacró desde las mañaneras, lo disminuyó presupuestalmente, vetó la designación de comisionados para impedir que se pudieran resolver los medios de impugnación ante denuncias por negativas o limitaciones en la entrega de información, aplicó la conocida estrategia de socavar su legitimidad ante la opinión pública y ante la base electoral morenista. También fenece por la indolencia de la ciudadanía que tardíamente se dará cuenta del daño que se genera a derechos que ya se habían conquistado.
El INAI, junto a otros organismos constitucionalmente autónomos como el IFE-INE, han sido clave para la consolidación del proceso democrático vivido en nuestro país en los últimos 34 años, particularmente para la ampliación de nuestros derechos que ahora, conforme con el discurso oficialista, serán garantizados por el propio gobierno, a través de la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública y absorberá diversas atribuciones en materia de transparencia. Hay razones fundadas para dudar que será así.
En el fondo, la desaparición de esta institución significa una vuelta al origen del gobierno opaco y a su condición de juez y parte, entraña un golpe y un freno al periodismo de investigación que ha dado cuenta de casos graves de corrupción de gobiernos anteriores y de los de la 4T y que ahora enfrentará múltiples obstáculos para obtener información. Es, también, un golpe a las luchas del Grupo Oaxaca y de otras organizaciones que impulsaron cambios normativos y condiciones adecuadas para hacer posible el derecho a la información.
La coyuntura de la alternancia en la Presidencia de la República del año 2000 dio pauta para impulsar la emisión de las leyes, federal y locales, de acceso a la información pública. El IFAI-INAI se erigió como un garante de un derecho plasmado en la Constitución desde 1977, fue el artífice para modificar la relación de los gobiernos y las personas sobre la posesión de la información pública, para abrir la gestión de todas las áreas gubernamentales, conocerlas por dentro y saber qué hacen con el dinero público. La coyuntura de la alternancia del 2018 y la llegada de la 4T ha sido el espacio para destruir esos esfuerzos democráticos.
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
