Dra. Julieta del Río
Cada 28 de septiembre, el mundo conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, una fecha que resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las democracias contemporáneas. En un contexto donde la desinformación y la opacidad juegan un rol importante, esta fecha se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre el acceso a la información pública como un derecho humano fundamental. Sin embargo, el panorama es desigual y cada país enfrenta retos específicos.
La conmemoración de este día nos recuerda la importancia de no solo contar con leyes que lo garanticen, sino también de asegurarnos que estas se implementen de manera efectiva. México ha dado pasos importantes en esta dirección, pero el camino está lleno de retos.
Lograr la legislación y regulación de este derecho en el mundo ha sido resultado de una gran lucha ciudadana. Lejos estamos de la Ley para la Libertad de Prensa y del Derecho de Acceso a las Actas Públicas aprobada en Suecia en 1766, y que representó la primera ley formal en la materia.
Sin embargo, la implementación efectiva de estas leyes varía considerablemente. Según un informe de Access Info Europe, este contienente cuenta con países con una larga tradición de transparencia, en particular los países nórdicos. En el papel, las leyes varían en su intensidad y apertura. Es necesario combinar la reforma de la legislación con el fortalecimiento de una cultura de transparencia y una mejor aplicación en la práctica.
Hoy en día a nivel mundial, aproximadamente 138 países adoptaron garantías constitucionales, estatutarias y/o políticas para el acceso a la información pública, según la UNESCO. Aunado a esto, 11 países adoptaron leyes de acceso a la información a partir de la adopción de la Agenda 2030 en septiembre de 2015.
En nuestro país, el derecho a la información está reconocido desde 1977 en el artículo 6º constitucional; sin embargo, fue a partir del año 2000, impulsado con la transición democrática, que un grupo de periodistas, académicos y especialistas –denominado Grupo Oaxaca– luchó por actualizar dicho marco normativo y materializarlo en la vida pública, todo con tal de que la información fuera pública y no propiedad del gobernante o autoridad en turno.
En 2014, gracias al consenso, se reformó el artículo 6º de la Carta Magna, nació la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), se conformó el Sistema Nacional de Transparencia y se creó la Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta tecnológica que permite el acceso universal a la información pública del país.
A partir de esa reforma, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se constituyó como un órgano autónomo cuyas resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables.
Sin embargo, todo este avance generado, que involucra la consolidación y autonomía del INAI, están librando su situación más crítica de cara a la propuesta de reforma que pretende eliminarlo y trasladar la tutela del acceso a la información a la Secretaría de la Función Pública. Esta situación está generando preocupación en el ambiente académico, periodístico; en organizaciones de la sociedad civil y personas que a través de este derecho han podido obtener justicia social.
El acceso a la información es un pilar esencial para el ejercicio de la democracia y la promoción de sociedades más justas y equitativas.
@JulietDelrio
