El pasado 27 de junio dieron comienzo los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación (PJF). A la fecha, se han realizado dos foros: el primero de ellos llevó por título “¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?”, mientras que el segundo se denominó “Conformación y reorganización del Poder Judicial”.
Cabe recordar que habrá siete foros más, convocados por el Poder Legislativo federal (PLF), en diferentes ciudades de la República: Toluca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Ciudad de México (en la Cámara de Diputados), Saltillo y Sinaloa, con la finalidad de escuchar a las partes involucradas y, en su caso, enriquecer la iniciativa que reforma diversas disposiciones de nuestra Constitución Política, con algunos planteamientos de quienes participen en estos encuentros.
Es oportuno asentar que el espíritu y la esencia de la reforma no serán modificados. La mayoría del pueblo de México otorgó a la Cuarta Transformación el poder reformador de la Constitución, y no será desoído el mandato popular de casi 36 millones de mexicanas y mexicanos que votaron por que continuara la regeneración de la vida pública del país.
Uno de los puntos inamovibles de la iniciativa de reforma es la elección popular de las y los jueces, magistrados y ministros del PJF, aunque se pueden establecer modalidades para que sean votados los mejores perfiles que integrarán a ese Poder.
Otro punto esencial de la propuesta de enmienda constitucional es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que se encargará justamente de la disciplina y las sanciones aplicables a las y los jueces, magistrados y ministros del PJF. Asimismo, se plantea suprimir de la Constitución la figura del Consejo de la Judicatura Federal.
Otro elemento no modificable de la reforma es que la remuneración que perciban las y los magistrados, jueces y ministros del PJF y del TDJ, así como el personal del primero, no podrá ser mayor a la establecida constitucionalmente para la persona titular de la Presidencia de la República.
Cabe mencionar que hay quienes señalan que los derechos de las y los trabajadores del PJF serán afectados con la reforma, lo cual es falso. Los derechos laborales de todas y todos ellos no se tocarán.
La reforma tampoco representa riesgo para el sistema de justicia del país, por el contrario, permite su fortalecimiento y liberación. Se requiere liberar a ese Poder de la delincuencia organizada y de cuello blanco, de su desprestigio, de su fama cuestionada por la falta de atención a la ciudadanía y de su falta de impartición de justicia pronta y expedita.
El presidente López Obrador conminó en no pocas ocasiones al PJF a reformarse a sí mismo, en tanto Poder autónomo, pero sus invitaciones respetuosas fueron desoídas. Por ello, el llamado se dirigió al pueblo de México, como titular de la soberanía, para que, por medio del sufragio, diera una mayoría de votos a la Cuarta Transformación y, así, por la vía democrática, el cambio llegara al Poder Judicial.
Hoy, los Diálogos Nacionales convocados por el Poder Legislativo federal representan un paso más en la eliminación de privilegios dentro y desde el Judicial; en la rendición de cuentas y en la transparencia; en la visibilización de las y los jueces, magistrados y ministros y sus puntos de vista, para que el pueblo los pueda evaluar; en una justicia sin influyentismo, una que no se venda al mejor postor y que sea imparcial, accesible, comprensible, fraterna y equitativa.
La transformación de la vida pública avanza en nuestro país, y el PJF no puede quedar al margen de ello. Su estatus y dinámica actuales corresponden a otro tiempo. Por ello, el electorado determinó que fuera revisado en su estructura, organización y funcionamiento; es momento de actualizarlo y de que el pueblo de México recupere su soberanía en materia judicial, para que la justicia sea para todas y todos, para que se terminen los privilegios en su impartición y para que impere un verdadero Estado de derecho.
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