En estos días se llevan a cabo los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial. Estos ocurren en un momento complejo cuando ya sabemos que el régimen actual continuará su proyecto con la legitimidad del voto ciudadano que le otorgó un triunfo por más de 30% de ventaja a Claudia Sheinbaum y una mayoría clara en el Congreso de la Unión.
También sabemos que la intención del líder del movimiento, quien es también el actual Presidente de la República, es debilitar la independencia del Poder Judicial y supeditarlo a los intereses del Ejecutivo y del Legislativo. Ese es indudablemente el espíritu del llamado plan C.
El argumento presidencial consiste en decir que el Poder Judicial es corrupto en esencia y que esa situación se debe a que este poder no responde a los intereses del pueblo. Su solución consiste, entre otras cosas, en que las personas juzgadoras sean elegidas por sufragio universal.
Sobre estos dos puntos, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, señaló varias cosas importantes. En primer lugar, se refirió a lo trascendental de una decisión tomada hace casi treinta años de desarrollar una carrera judicial basada en la preparación y el mérito. Al igual que, por ejemplo, el Servicio Exterior Mexicano, la carrera judicial regula el ingreso, la permanencia, el ascenso y la separación de sus integrantes. Aunque esto no lo hace invulnerable al sistema de casos de corrupción, sí complica su existencia.
Sobre la acusación de que el Poder Judicial no sirve al pueblo, el ministro Laynez brindó sólo algunos ejemplos de sentencias que han tenido en cuenta el interés de los más débiles o de los más desafortunados. Es claro que el Poder Judicial sí sirve al interés del pueblo pero lo hace a su manera y cómo le compete a su naturaleza. Resulta que la ayuda que el Poder Judicial le brinda al pueblo se funda en la imparcialidad de los jueces, que sería gravemente puesta en cuestión si este poder se somete al juego político-electoral.
Pero, como lo ha manifestado el ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, la reforma constitucional propuesta va más allá del asunto de la elección de magistrados. Uno de ellos es la propuesta de crear un Tribunal de Disciplina Judicial que también sería elegido por la ciudadanía, conforme a una convocatoria del Senado, en un país donde el crimen organizado se ha inmiscuido con éxito en las elecciones. Sería un jugada ominosa del destino que el crimen organizado tuviera ingerencia en nuestro sistema judicial.
Este tribunal podrá - de acuerdo con la propuesta - conocer, investigar y sancionar a las "personas servidoras" del Poder Judicial, cuando exista sospecha de que que hayan actuado en contra de la ley. Esto, que parece una buena idea, deja de serlo cuando nos damos cuenta de que dicho tribunal también podrá sancionar a una persona juzgadora cuando esta emita sentencias que los miembros del Tribunal de marras consideren que son contrarias al interés público.
Esto sería, sin duda, una intromisión a la autonomía de los jueces, magistrados y ministros para emitir resoluciones con independencia e imparcialidad.
Lo que se debe esperar ahora es que los diálogos que se llevan a cabo sirvan para una discusión racional y razonable sobre el futuro de nuestro sistema de administración de justicia.
