Por: Estefanía López Mendoza

La semana pasada, fue aprobada en la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos de la Federación para 2024, la cual establece de qué forma será distribuido el paquete presupuestario del próximo año para el funcionamiento y la operación de las distintas instituciones en el país.

Junto a la aprobación de dicha Ley, distintos actores como trabajadores del Poder Judicial, exministros, senadores, activistas y analistas han expresado su preocupación respecto a los recortes presupuestarios de la “política de austeridad republicana” estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de la Ley de Ingresos del próximo año, la política económica de la actual administración se basa en tres ejes prioritarios: “el fortalecimiento de la red de protección social, en favor de grupos de la población desatendidos y en condición de pobreza; las reformas en materia laboral y de política salarial, las cuales han propiciado una mejor distribución del ingreso en beneficio de la clase trabajadora; y el impulso de proyectos de infraestructura en la región sur-sureste del país”.

En este sentido, en materia de protección social destaca la inversión a programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y en materia de infraestructura se encuentra el Tren Maya, para el cual se asigna un nuevo fideicomiso para la Secretaría de la Defensa Nacional, así como seis nuevos programas presupuestarios a la Secretaría de Marina para administrar y operar proyectos de inversión en el Istmo de Tehuantepec.

Ahora bien, al centrarse en el eje de materia laboral y política salarial en el terreno de la seguridad pública, resalta que las condiciones laborales de las policías en el país no han mejorado en los últimos años. Si bien podría decirse que el aumento salarial y la mejora en las condiciones de trabajo de las policías es una cuestión que cae en las atribuciones del ámbito estatal y municipal, lo cierto es que desde el ámbito federal se han impulsado recortes a programas destinados a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento y la construcción de infraestructura.

El caso más emblemático fue la desaparición del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG) en el año 2021. En 2020, a través de un recurso de 3,921.70 MDP, dicho subsidio se otorgó a 286 municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Es importante destacar que el FORTASEG incluía un subprograma de Dignificación policial, mediante el cual se ofrecía apoyo en temas de liquidaciones, la reestructuración y homologación salarial, la mejora de las condiciones laborales y los estímulos económicos para los elementos policiales.

La terminación de dicho fondo contrasta de manera evidente con el incremento del 131% a los recursos destinados a la Sedena en el próximo año. Así, a la protesta de trabajadores del Poder Judicial se suman los 172 paros, las 163 manifestaciones y 63 amagos a paros de policías durante el sexenio, cuyas principales demandas se relacionan con la mejora de condiciones laborales como un salario digno, prestaciones y entrega de uniformes y equipo.

En conjunto, estas demandas indican que, al menos en el terreno de la seguridad pública, se está lejos de cumplir con uno de los objetivos de la política presupuestaria, es decir con la dignificación laboral. En este sentido, ¿no tendrían que estar equilibradas las necesidades de los distintos grupos de la población en la distribución del presupuesto?

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