El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no nació por un capricho de los gobiernos neoliberales para debilitar al Estado. Fue una iniciativa de periodistas, académicos, intelectuales y políticos independientes para tener en México un organismo que, a semejanza de otros similares en el mundo, sirviera para transparentar el uso de recursos públicos.
Vicente Fox, el presidente al que le tocó promulgar la ley —como con muchas otras cosas de su gobierno--- ni sabía del tema ni le interesaba. Algunos de sus asesores le recomendaron firmarlo para sacarle raja política después, pero la redacción original del texto fue producto de intensos trabajos del entonces llamado Grupo Oaxaca, conformado por un plural y heterogéneo grupo de ciudadanos.
Hace tres años, cuando el actual gobierno comenzó a mandar el mensaje de que el INAI era “muy caro”, “no sirve para nada”, “no ha detenido a un solo corrupto”, entrevisté a dos participantes del Grupo Oaxaca, Roberto Rock y Ernesto Villanueva, quienes, con matices, explicaron las razones de su origen, y el riesgo de que sus facultades pasaran a formar parte del mismo gobierno que es fiscalizado.
En junio de 2002, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia Pública Gubernamental, que complementaba, en los hechos, el artículo sexto de la Constitución referente al derecho a la información, que derivó en la posibilidad que tenemos hoy los ciudadanos de solicitar al Gobierno federal y a distintos sujetos obligados (estados de la República, Poder Legislativo, sindicatos, Poder Judicial, entre otros) información, datos y documentos que han sido pagados con dinero público.
Desde entonces solicitar información a esos sujetos obligados es labor indispensable de la academia, los empresarios, los periodistas, abogados, estudiantes, que nutren sus trabajos con esa información, todos los días. Que se surten de información estratégica para armar licitaciones, para decidir inversiones en tal o cual lugar, para saber cuánto costaron las cosas que el gobierno y, por supuesto, para hacer periodismo de investigación.
Los números son impresionantes: de 2003 a lo que va de 2024, se han hecho 4 millones, 015 mil solicitudes de información. El porcentaje de respuestas atendidas correctamente es de 96.8%.
Los sujetos obligados ordenados por cantidad de solicitudes de información son la administración pública centralizada, empresas paraestatales, empresas productivas del Estado, subsidiarias de Pemex, fideicomisos y fondos públicos, instituciones de educación superior autónomas, organismos laborales tripartitas, organismos autónomos, partidos políticos, personas morales, Poder Judicial de la Federación, Poder Legislativo Federal, sindicatos y Tribunales Administrativos.
Y de ahí, el top 10 de sujetos obligados que históricamente tienen más solicitudes de información son el IMSS, la Suprema Corte, Cofepris, ISSSTE, SEP, Secretaría de Salud, Semarnat, Hacienda, Fiscalía general de la República y el Consejo de la Judicatura Federal.
No nació como fiscalía policial para detener corruptos, como dolosamente se pretende simplificar, sino como un instrumento autónomo que facilitara el tránsito de la información de todo aquello que se ha pagado con recursos públicos. Es un árbitro que vigila si alguno de los sujetos obligados, muchos de los cuales ni siquiera son gubernamentales, se resiste o niegue a dar información.
Hoy se nos dice desde el poder que el INAI debe desaparecer; que sus funciones las puede asumir, a menor costo, la Secretaría de la Función Pública. Que el gobierno es honesto y entregará toda la información que se le solicite.
Sin embargo, la actual administración no es un modelo de transparencia, es uno de los que más se ha negado a dar información. Los números de recurrencia subieron 6% este sexenio, comparado con los que hubo con Enrique Peña Nieto.
Además, es el que más ha utilizado el pretexto de “asunto de seguridad nacional” para reservar y negar información de obras como el AIFA o el Tren Maya, donde está metido el Ejército, y que a todas luces no tendrían por qué ser así clasificados. Para darnos una idea, con Peña Nieto hubo cuatro reservas por “seguridad nacional”, con López Obrador van 48.
Tampoco ha explicado qué pasará con la parte de protección de datos personales, que regula sobre todo a empresas privadas
Hay una versión de pasillo de que todo está planchado con Claudia Sheinbaum para que el INAI sobreviva al Plan C de septiembre, pero por las expresiones públicas de preocupación de su más reciente presidenta, Blanca Lilia Ibarra, y del actual, Adrián Alcalá, no pareciera que eso estuviera sucediendo.
Es tiempo de defender al INAI y entender que, de extinguirse, se estaría tirando al caño una herramienta que es útil para garantizar la rendición de cuentas gubernamental. Un contrapeso más, que disgusta a los autoritarios.
