Larry Rubin, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), busca en todo momento ser cauto y diplomático, pero tampoco puede ocultar la frustación de sus agremiados con lo que ha pasado este sexenio con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), órgano regulador de medicinas y dispositivos médicos del gobierno federal.
Retraso en todo: en autorización de medicinas, en investigación clínica, en compras médicas.
Rubin no entra a debatir las razones de esos retrasos ni se atreve a calificar a los funcionarios que la comandan, sólo pide que con el nuevo gobierno todo sea más ágil, porque lo que está de por medio es la salud de los mexicanos.
Y confía en que así será por el perfil de los funcionarios que Claudia Sheinbaum ha nombrado en Salud, el muy prestigiado doctor David Kershenobich; Rosaura Ruiz en la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología; y Marcelo Ebrard, en Economía.
Deficiencias regulatorias e insuficiente inversión en salud han hecho que tengamos un serio problema de abasto de medicamentos y de baja investigación clínica mexicana para desarrollar nuevos medicamentos, dice Larry Rubín.
“A estas alturas del año el gobierno federal ya debería haber pedido a la industria farmaceutica los medicamentos que necesitará el sector salud mexicano en 2025, pero es fecha que no se han solicitado, lo que pone en riesgo la salud de los mexicanos al carecer de ellos y así interrumpir muchos tratamientos”, asegura. Se nos viene otra ola de desabasto.
Las medicinas se piden con 6 y 10 meses de anticipación, porque no se fabrican de la noche a la mañana; hay pastillas que llegan a requerir insumos de varios países, y eso tiene su logística. Además de que ya cuando están listos hay que distribuirlos por todo el país, lo cual tampoco es sencillo, ni con la Mega Farmacia, que es apenas un proyecto en ciernes.
De acuerdo con datos de AMIIF, los mexicanos somos de los que más gastamos de nuestra bolsa para financiarnos la salud, pese a existir un sistema público que se supone robusto. El promedio de gasto de personas en salud en la OCDE es de 24%, en México asciende hasta el 48% del ingreso de una persona para temas de salud, entre consultas y medicinas.
Mexico invierte sólo 2% del PIB en salud, cuando el promedio en América Latina es de 6% y en países de primer mundo es 15%. Pero con que invirtiéramos el 6% estariamos del otro lad en materia de calidad para losmpacientes mexicanos.
Otra deficiencia regulatoria ha sido la de retrasar permisos para investigación clínica. Los recursos mundiales para investigacion se están yendo a otras partes de Latinoamérica como Argentina u Honduras. De un pastel de 4 mil millones de dólares mundial, para inversión clínica, México sólo recibe 200 millones de dólares, por esa falta de agilidad para generar autorizaciones y eprmisos de la Cofepris.
No podemos tener así medicinas de vanguardia. Ya hay medicinas de nueva generación para combatir Alzheimer, Parkinson, VIH, diabetes, obesidad, y sin embargo aquí pueden pasar hasta siete años para que se apruebe un medicamento o cuando menos un protocolo de investigación. ¿Cuántas vidas podrían ya haberse salvado si hubiera más agilidad en la regulación?
Rubin reconoce que por razones ideológicas hay desconfianza del regulador hacia la empresa privada, por aquello de obtienen ganancias a través de sus patentes, lo cual es un procedimiento normal en el mundo toda vez que es una forma que tienen las farmacéuticas de recuperar su inversión, y ya tiempo después se abre la fórmula a los genéricos.
Pone como ejemplo que costó 3 trillones de dólares desarrollar en tiempo récord la vacuna contra el Covid-19.
Pero para el director de AMIIF la pregunta correcta es cuánto vale la vida humana. Cuánto vale una cura para enfermedades que son verdaderas pandemias. No se puede escatimar en ese desarrollo.