Las marchas en defensa del INE que se dieron en diversas ciudades del país constituyen una reacción genuina y pacífica de la sociedad mexicana que se expresó, en el marco de la ley, en contra de la iniciativa del presidente que pretende transformar a las autoridades electorales para garantizar su control rumbo a las elecciones de 2023 y la sucesión presidencial de 2024.

La movilización ciudadana despertó focos de alerta y provocó la urgencia de detonar un plan “B” para concretar la añorada reforma electoral. Diversas voces del oficialismo reconocieron que no hay condiciones para lograr las mayorías calificadas requeridas para aprobar la reforma constitucional presentada en abril pasado. El propio titular del ejecutivo se ha referido a esas complicaciones y al final aceptó que los principales cambios que plantea para disminuir el número de consejeros, elegirlos por voto popular, desaparecer a los organismos electorales locales, recortar el financiamiento público o modificar el modelo de representación política que tenemos, implicaría cambios a la constitución y no solo a leyes secundarias.

El plan “B”, entonces, concierne a dos aspectos fundamentales: el primero, a un paquete de ajustes a leyes secundarias que podrían disminuir la estructura administrativa de la institución y volver a recortar su presupuesto en aproximadamente tres mil millones de pesos, como ya adelantó el coordinador de Morena en la cámara de diputados, Ignacio Mier. Se trata del modelo ya ensayado en la Ciudad de México que generó consecuencias terribles para el Instituto local. Existe un riesgo latente de que ello ocurra en los días subsecuentes, sin deliberación con las demás fuerzas políticas y sin considerar los diagnósticos técnicos preparados por las autoridades electorales.

El segundo tema es la renovación de cuatro consejerías para cubrir vacantes que por conclusión del encargo se generarán en los primeros días de abril próximo, incluida la presidencia del INE. Conforme a lo previsto en la constitución la cámara de diputados emitirá un acuerdo que incluya la convocatoria, plazos y etapas del procedimiento de selección y el proceso para la integración de un comité técnico de evaluación con siete miembros: tres nombrados por el órgano de dirección política de la cámara, dos por la CNDH y dos por el INAI.

Ambos temas implican riesgos para la autoridad electoral que podrían disminuir sensiblemente sus capacidades para organizar elecciones con probados estándares de calidad. Por un lado, se busca disminuir su estructura y seguir reduciendo sus recursos y del otro, atentos al entorno y a lo que dejan entrever distintas voces de Morena, colocar personas afines al gobierno en puestos que son clave para la conducción del árbitro electoral, lo cual lastimaría su credibilidad, como lamentablemente ocurrió con la CNDH y pondría en grave peligro su autonomía.

La marcha del 13 de noviembre ya es histórica desde muchas perspectivas e implica un mensaje claro a todos los legisladores para actuar con racionalidad y para reconstruir los puentes de diálogo y consenso, no se trata de medir fuerzas en la calle, sino de revisar lo que mejor conviene a nuestro modelo democrático. Como bien señaló José Woldenberg, en un discurso que nos representó a quienes marchamos: “México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno, incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad en todo el proceso electoral. Nuestro país no merece regresar al pasado porque lo construido permite elecciones auténticas, piedra angular de todo sistema democrático”.

*Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.

@MarcoBanos