Los casos de corrupción que nos han escandalizado pudieron prevenirse. Más allá del discurso oficial, pañuelos blancos y decretos de austeridad, el gobierno federal puede reducir los riesgos de corrupción. El año pasado, el gasto en compras públicas fue de 473 mil millones de pesos. Este dinero equivale a 160 aviones presidenciales. De este dinero, cuatro de cada diez pesos se gastaron a través de procedimientos sin competencia y el 41% fue adjudicado directamente.
Este tipo de gestión en el manejo del dinero público genera riesgos de corrupción. La constitución establece que la regla general para llevar a cabo las compras públicas debe ser la licitación. Este mecanismo permite que los proveedores concursen, compitan y ofrezcan las mejores condiciones para el bien o servicio que se contrata. En pocas palabras, la licitación tiene el potencial de hacer más eficiente el gasto público: mayor calidad al menor costo posible.
En 2020 se argumentó que, debido a la pandemia, el gobierno federal había decidido adjudicar directamente contratos o invitar a determinados proveedores con el fin de dar celeridad a los insumos médicos que se requerían. Sin embargo, en 2021 el 29% de las instituciones federales disminuyeron la competencia, la transparencia o el cumplimiento de la ley en sus procesos de contratación, de acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción del IMCO.
Hay casos a destacar: el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México aumentó sus riesgos de corrupción en 48.3 puntos. La competencia en las compras públicas del sector energético también tuvo retrocesos. Por ejemplo, el Centro Nacional de Control de Gas Natural destinó en 2020, el 7% del monto gastado en compras públicas a procedimientos distintos a la licitación, mientras que en 2021 ese porcentaje se incrementó en 50%. En el caso de Segalmex, la oficina encargada de la Seguridad Alimentaria Mexicana dejó de publicar información de sus compras públicas. Otro hallazgo fue el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) no publicó la documentación completa de las 64 licitaciones que llevó a cabo el año pasado.
Las formas de corrupción son diversas, desde la típica mordida, pasando por el desvío de recursos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, hasta llegar a la colusión o el uso ilegal de información confidencial. No importa cuál de las modalidades sea, todas generan afectaciones a la hacienda pública (financiada por nuestros impuestos) y los derechos de las personas.
La corrupción no se termina por decreto presidencial. Donde hay dinero, hay riesgo de corrupción. Es imposible eliminarla, pero sí disminuirla. Si de verdad se quisiera reducir la corrupción se atacarían sus causas: cumplir la ley, transparentar la información y permitir la competencia económica.
*Manuel Guadarrama es Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
