El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) puso el dedo en la llaga al presentar el aumento de la pobreza laboral atribuible a la crisis económica: 44.5% de las personas ocupadas viven en dicha situación.
¿Qué significa lo anterior? Básicamente que, en el ámbito rural, y a pesar de estar ocupados en el mercado laboral, el ingreso de las personas no superó los 1,212 pesos mensuales: fue inferior a los 41 pesos por día.
Por su parte, en el entorno urbano, el ingreso de las personas en pobreza laboral fue inferior a los 1,682 pesos mensuales (56 pesos diarios).
Se debe enfatizar: lo descrito ocurrió a pesar de contar con ocupación o empleo. Evidentemente que la situación de pobreza es más delicada para quien no cuenta con un empleo.
El Coneval fue claro: durante el tercer trimestre del 2020 “aumentó la pobreza laboral (porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria) de 38.5% a 44.5% en este periodo, lo cual se vio reflejado en un incremento de la pobreza laboral en 28 de las 32 entidades federativas”.
Sin lugar a duda que lo anterior muestra la necesidad de implementar un programa de reactivación económica que tenga como objetivo la generación de empleo y como mecanismo el fomento de la inversión productiva.
Como resultante se debe considerar al crecimiento económico como una de las prioridades por alcanzar, sin este último no existen posibilidades de generar desarrollo social sostenible.
Además, y ante las limitantes presupuestales del sector público, la única alternativa viable es el impulso de la inversión privada.
Durante los últimos 50 años México ha implementado diversas estrategias de gasto social asistencial para intentar revertir el problema de pobreza estructural en el que vive casi la mitad de la población. Todas fracasaron.
El mensaje de la coyuntura y de la historia es contundente: el presupuesto público de asistencia social no puede resolver los errores del modelo económico, principalmente cuando la sociedad y las empresas enfrentan crisis recurrentes. México no es la excepción.
Con diferentes nombres, muchas similitudes y algunas diferencias de fondo, esquemas como Solidaridad, Oportunidades, Progresa o Prospera no lograron alcanzar mejores resultados que la política social asistencial de los años setenta y ochenta del siglo XX.
Sin importar los recursos millonarios que se les destinaron, los programas de asistencia focalizada no tuvieron la capacidad de aumentar el nivel desarrollo social de los mexicanos que viven en situación de pobreza. Todos fallaron ante la primera recesión que se cruzó por su camino.
Lamentablemente tampoco funcionaron los programas asistenciales de los años setenta y ochenta del siglo pasado, naufragaron ante la falta de criterios de eficacia, la presencia de corrupción y el uso electoral que se les dio.
Por ello, y ante la magnitud de una recesión que no ha terminado, es fundamental que México implemente un programa de reactivación económica que priorice la generación de empleo a través de mayor inversión productiva, es la única forma de evitar un mayor daño estructural al tejido social del país.
Se debe recordar un hecho: todos los mexicanos mayores de edad han enfrentado por lo menos dos grandes crisis: 2009 y 2020. Quienes nacieron en 1990 han vivido cuatro recesiones: 1995, 2001-2002 y las mencionadas. Cualquier mexicano mayor de 40 años ha sufrido, al menos, 7 crisis. Es momento de transformar esa realidad.
