En 2019, un grupo de investigadoras/es se reunió en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM (IISUE) para analizar si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en verdad había sentado las bases para “transformar” la universidad.

Había serias dudas: Se prometía mucho, pero se gastaba poco (Márquez). Se desconocían las características de los jóvenes (Miller), el diseño de algunos programas era limitado (Mejía y González), y la reforma a las escuelas normales no iba a fondo (Málaga, Medrano, Siqueiros y Monge). Se detectaba, además, que la supuesta “revalorización” magisterial era sólo dirigida a educación básica, pero en la superior, parecía lo contrario (Galaz Fontes y Martínez Stack). Por eso, la profesionalización académica exigía otro enfoque (Pérez y Buendía).

Dada esta conclusión, se propuso que en el futuro hubiera una evaluación que complementara lo ocurrido con un balance objetivo. El martes pasado, el IISUE se puso a la vanguardia de la discusión pública educativa. Organizó la jornada “Educación en Transición: Balance y Perspectivas” en donde se discutieron avances y retrocesos del sexenio 2018-2024.

Bajo un ambiente plural y cordial, se expusieron diversos argumentos. Nos escuchamos todas y todos pese a las marcadas diferencias, ratificando con ello el liderazgo de una universidad pública como la UNAM.

El breve balance de la educación superior que presenté subrayó que el 6º Informe de Gobierno no presentó datos para verificar si las metas “del bienestar” se cumplieron en 2024. Los únicos datos oficiales que aparecían eran de 2023. Con base en ellos, se constató que la tasa de cobertura establecida en el Programa Sectorial de Educación quedó a seis puntos porcentuales de ser cumplida (44 versus 50%).

Si tal incumplimiento se justifica por la pandemia es correcto, como también sería acertado cuestionar la apertura de “nuevas” opciones académicas, así como el programa de becas.

El gobierno que prometió no dejar “a nadie afuera ni atrás” fue incapaz de elevar la proporción de jóvenes de ingresos relativamente bajos yendo a la universidad, tal como planeó. Se comprometió a que este año 37 de cada 100 jóvenes pobres cursaran la educación superior y este indicador apenas llegó a 33 en 2022.

Los avances del gobierno de AMLO en materia de educación superior estuvieron circunscritos a la gestión. Ahora, se dice, todas las entidades cuentan con una comisión de planeación, hubo evaluación de programas y los tecnológicos cuentan con educación dual.

No obstante, los incumplimientos en materia de educación superior son mayores y en áreas clave. La meta de inversión en planteles, por ejemplo, se quedó casi a la mitad (27 versus 50%). Además, el número de estudiantes por profesor creció ligeramente y lo más grave: se redujo el gasto público en educación superior como proporción del Producto Interno Bruto. Pasó de 0.69% en 2019 a 0.57% en 2023. Tampoco la meta de gratuidad se cumplió.

En resumen, de lo que se prometió poco se alcanzó. Pero aún faltaría discutir lo que no se dijo que se iba a hacer y se realizó. Por ejemplo, intervenir de manera arbitraria en centros de investigación, descalificar a la UNAM o socavar la autonomía universitaria con la máscara de la “democratización”.

Habrá que ir al sótano de la política educativa para reconstruir. Si Claudia Sheinbaum aplica la fórmula fallida de su antecesor inaugurará el continuismo acrítico que como advirtió la investigación, no da resultados. Es regresivo, incluso. ¿O es que sin democracia esto ya no importa?