Parece que la lentitud se volvió una constante al interior de la Secretaría de la Función Pública, de Arely Gómez, cuando se trata de resolver inconformidades, quejas y denuncias presentados como parte del combate a las irregularidades y presuntas conductas ilegales de funcionarios responsables de los procesos de contratación y ejercicio del gasto público.
Explico. Se presentó una inconformidad en la Procuraduría General de la República (PGR), de Arturo Elías Beltrán, desde el 28 de diciembre de 2017 contra el fallo de la Licitación 017000999-E529-2017 en donde se adjudicó un contrato por 90 millones de pesos por el servicio de limpieza a la empresa Fireky SA de CV. Además, hay una denuncia presentada en Banobras, de Alfredo Vara Alonso, el 05 de marzo pasado, contra el fallo de la Licitación LA-006G1C001-E114-2018 que adjudicó un contrato por 10.3 mdp a Valro Servicios Integrales SA de CV.
Otra más data del día 09 de abril, en que se presentó una inconformidad en la Secretaría de Educación Pública (SEP), de Otto Granados, en
contra del fallo de la convocatoria LA-011000999-E22-2018 donde adjudican a la empresa de limpieza Gott und Glock SA de CV un contrato por 112 mdp.
Unos días después, el 13 de abril, se dio otra inconformidad contra la Profeco, de Rogelio Cerda, la cual falló en la licitación LA-010LAT001-E23-2018 a favor de la empresa Administración Virtual del Servicio de Limpieza SA de CV, con lo que le asignó un contrato por 4.6 millones.
Y finalmente, el pasado 02 de mayo, llegó otra inconformidad contra el fallo de la licitación LA-048E00995-E629-2018 en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), donde la empresa Limpia Tec SA de CV se llevó un contrato por 24 mdp.
Lo que sorprende de esta lluvia de inconformidades es que todas se han dado en el sector de Servicios de Limpieza; que en todos los procesos existían dos o tres ofertas más económicas que las beneficiadas; que las empresas ganadoras son ubicadas en el mismo grupo; y que en todos los casos la Función Pública pareciera que no está haciendo su trabajo, y está a la espera de que el contrato y la administración actual llegue a su fin.
¡Cuidado aseguradoras!
En donde las cosas no están del todo bien es en el sector asegurador, pues de entrada sólo crecieron 2.9% en 2017, pese a que se esperaba alcanzar un incremento del 6.5% de acuerdo a la AMIS, de Recaredo Arias. Y ahora se sabe de un tema que se podría convertir en un dolor de cabeza para firmas como GNP Seguros, propiedad de Alberto Baillères, y Seguros Monterrey New York Life, que lleva Gustavo Cantú, el cual involucra a una de sus empresas proveedoras de servicios de enfermería y cuidados médicos, Health Care Assistance, de Samantha Rincón Pérez, la cual sería investigada por el SAT, de Osvaldo Santín, por la posible elusión de impuestos y uso de facturas falsas, y eso sin mencionar las quejas por los servicios otorgados a los asegurados.