Una de las preocupaciones en México y en el resto de los países del mundo es que existan suficientes alimentos disponibles para sus poblaciones, en el marco de un mercado global en el que éstos se comercian.
La mundialización del mercado alimentario supone, entre otros factores, que los países puedan adquirir productos alimenticios en las naciones o regiones del planeta que los generan de manera más abundante o competitiva que si se produjeran local o nacionalmente. Tal había sido la lógica, en términos generales, de esta globalización alimentaria, hasta que la pandemia de COVID-19 y luego la guerra en Ucrania pusieran en evidencia los límites de tal dinámica mercantilista y tecnocrática en términos de compra y venta de alimentos.
Con la pandemia, las cadenas productivas sufrieron graves afectaciones que impactaron al alza los precios de los alimentos; de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, durante 2020 y 2021 éstos se elevaron de manera constante, algunos a niveles récord de hasta un 75 por ciento.
Por su parte, la guerra en Ucrania dejó al campo de ese país prácticamente en el abandono, y mermado las exportaciones rusas en materia de alimentos básicos. Las dos naciones representaban, en junio de 2022, importantes porcentajes de exportaciones de granos y otros productos alimentarios a nivel mundial, como trigo (1/4 parte), cebada y maíz (1/5 parte) y aceite de girasol (arriba de la mitad).
Ante este escenario, he señalado que requerimos seguir caminando hacia la soberanía alimentaria de México, a través de un apoyo decidido y permanente a nuestro campo. De lo contrario, si éste es abandonado, como en el periodo neoliberal, se comprarán más alimentos en el exterior y se dependerá más del extranjero en nuestra vida cotidiana.
El actual Gobierno de México sin duda enfiló ya a nuestro país hacia la autonomía alimentaria; entre otras acciones, se implementó desde 2019 el programa Fertilizantes para el Bienestar, a fin de garantizar el autoconsumo de sembradores. De 2019 a 2022, este plan brindó apoyo a 823,968 productores; además, fueron favorecidas comunidades indígenas de nueve estados federados: Chiapas, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas.
Asimismo, de mayo de 2019 a diciembre de 2022, PEMEX produjo en promedio el 61.2 por ciento de los fertilizantes, mientras que para finales de 2024 se prevé que genere el 100 por ciento de éstos.
Es claro que el campo mexicano requiere respaldo y apoyo institucional. Así se hace en todo el mundo. En las economías agrícolas avanzadas, el Gobierno subsidia, respalda y apoya a los productores para poder lograr mayor productividad y alcanzar la autonomía alimentaria.
Para continuar fortaleciendo nuestra soberanía en alimentos, se requiere seguir revitalizando al campo mexicano por medio de otras acciones, como seguridad jurídica, la cual implica certidumbre legal en cada uno de los regímenes de propiedad; seguridad social, para garantizar que las y los trabajadores de la industria de agroexportación y agroalimentos cuenten con seguro social y una pensión digna a su retiro; tránsito a una agricultura digital, para que las tecnologías de la información y de la comunicación lleguen al campo; promoción a un mayor acceso al crédito, priorizando a pequeños y medianos productores, y cuidado de los recursos naturales, precisando las áreas para la conservación y las de aprovechamiento sostenible.
La soberanía alimentaria es uno de los elementos que apuntalan el desarrollo nacional en su conjunto. Bajo el neoliberalismo, el Estado abandonó al campo y propició la migración de miles de sus trabajadores hacia el norte del continente americano, sin olvidar la dependencia del extranjero que ha tenido nuestro país en materia alimentaria. Por ello, hoy el campo no es un problema, es la solución. La soberanía alimentaria debe ser, cada vez más, una realidad en México.
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