Recientemente el INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022. En esta sexta edición, hay datos alarmantes: 1 de cada 4 de las empresas en el país fue víctima de un delito y más de la mitad (52.9%) consideró a la incidencia delictiva como el principal problema para su operación. Tradicionalmente las empresas tenían preocupaciones como la falta de apoyos por parte del gobierno, la realización de trámites engorrosos o el pago de impuestos. Ahora, la inseguridad y la delincuencia forma parte de la vida cotidiana de las empresas.
A pesar de todo, los resultados de la ENVE parecen alentadores. La prevalencia delictiva disminuyó respecto a 2019. En ese año, la estimación fue que el 30.5% de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito, en 2021 bajó a 24.6%. Sin embargo, los resultados reflejan una menor afectación ocasionada por el cierre de la economía durante la pandemia. A pesar de las restricciones sanitarias, casi la mitad de las empresas grandes (45.9%) y medianas (46.9%), 1 de cada 3 de las pequeñas y el 23% de las microempresas fue víctima de un delito el año pasado.
La inseguridad y el crimen a las empresas afecta la competitividad del país. Si no hay condiciones mínimas de gobernanza, con instituciones capaces de hacer cumplir un estado de derecho, las inversiones se inhiben o de plano se cancelan. Estamos en una espiral delictiva: no hay desarrollo, no hay crecimiento económico, faltan oportunidades, hay crimen e inseguridad, lo cual a su vez impide crecer.
Durante 2021, el costo total estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito a las empresas ascendió a 120 mil millones de pesos. Esto equivale a poco más del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (99 mil mdp) para el siguiente año. Tan solo esta afectación representa el .67% del PIB y no son todos los costos. Por ejemplo, no se incluyen los impactos indirectos como la reducción de horarios de producción o comercialización, la cancelación de inversiones, entre otras afectaciones.
Los delitos con mayor incidencia fueron la extorsión y el robo de mercancía. En el caso de la extorsión, fue el delito más frecuente para 13 entidades federativas en 2019. Para el 2021, son 21 las entidades que sufren este tipo de delito para las empresas. El fraude fue el único que reportó un incremento entre 2019 y 2021. Desafortunadamente, el repertorio de delitos no acaba ahí. Las empresas de todo tamaño dedicadas al comercio, industria y servicios sufren de robo de dinero e insumos, robo hormiga, corrupción, robo de mercancía en tránsito, robo de vehículos, maquinaria, equipo, entre otros.
Lo grave es que 9 de cada 10 delitos a las empresas no se denuncian. La cifra negra: es decir, el número de delitos no denunciados (la cifra oscura de la criminalidad) fue de 91.5%. En estos casos los delitos cometidos no se denunciaron o no se logró iniciar una carpeta de investigación durante el 2021. Las causas para no denunciar en su mayoría recaen en la autoridad. Por ejemplo, la pérdida de tiempo excesiva, el miedo a la autoridad, malas experiencias previas o que en el 55.1% de los casos no sucedió nada o no se resolvió el asunto.
Parece difícil, casi imposible, salir de ese torbellino de delincuencia e impunidad. No hay recetas mágicas para acabar con los delitos a las empresas. Lo que hay es mucho trabajo por delante. Se requiere desarrollar instituciones policiales con proximidad a la ciudadanía. Superar el abordaje tradicional de tipo coercitivo y reactivo por otro que, sin descuidar lo anterior, fortalezca las acciones preventivas, proactivas y de colaboración. En el costo del delito nos jugamos mucho más que miles de millones de pesos.
*Manuel Guadarrama es Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
