@ebuendiaz*
Al gobierno y a las mayorías parlamentarias de este país no les gusta la rendición de cuentas. El derecho a la información es incómodo para la actual función pública, pero guste o no, éste debe ser garantizado por el Estado. Lo anterior, ya que a través del referido derecho se asegura, entre otros aspectos, que la sociedad conozca las razones que sustentan las decisiones de las autoridades.
La obligación del Estado a asegurar el ejercicio del derecho a la información se encuentra previsto en la Constitución (artículo 6º). Además, en distintos instrumentos internacionales -que resultan de observancia obligatoria para el Estado mexicano- se establece que los Estados deben garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información pública (Artículos 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos).
Seamos claros: la ciudadanía tiene el derecho y el Estado, a través de sus autoridades, la obligación de garantizar la entrega de información. Pese a lo anterior, en los últimos años se ha mostrado desde el gobierno federal un constante desprecio a la transparencia, a la rendición de cuentas y al derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Una especie de culto a la opacidad.
El primer aviso fue en 2021, cuando la Presidencia de la República emitió un acuerdo en el que se determinaba que toda obra pública prioritaria y estratégica iba a ser considerada de interés público y de seguridad nacional. A partir de esta clasificación se impide que cualquier ciudadana o ciudadano obtenga información sobre dichas obras, pues la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece con claridad que la información que tenga esa clasificación será reservada hasta por un periodo de 5 años.
Ese aviso se convirtió en costumbre y, en consecuencia, ahora genera molestia cuando se solicitan datos e información y cuando se cuestionan los mismos. Lo anterior es evidente cuando se expresan constantes descalificaciones a las personas que, en ejercicio de su actividad profesional como periodistas, solicitan información específica al presidente de la República en sus conferencias mañaneras respecto algún tema de trascendencia nacional.
El acoso y la persecución hacia personas reporteras o académicas persiste, pese a que en el apartado de México del Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2022, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se precisa que además del contexto de violencia contra las y los periodistas, en el país hay un contexto de estigmatización constante por parte de funcionarios y líderes públicos hacia la prensa, lo que atenta contra su integridad y aumenta el riesgo inherente a su labor.
También se ha fomentado el desprecio a la rendición de cuentas cuando se emiten desde las conferencias del presidente diversas declaraciones negativas contra el INAI, esto es, contra el órgano constitucional autónomo encargado de velar por la transparencia y el acceso a la información pública.
Incluso dicha conducta se ha traducido en un mensaje claro y evidente para las mayorías legislativas en el Senado, el cual se negó a designar a 3 personas comisionadas del INAI. Recordemos que el pleno del INAI puede sesionar con 5 de 7 comisionadas y comisionados que lo integran. Hoy solamente tiene 4 en funciones.
La parálisis impuesta al INAI desde el Senado es muy grave para el ejercicio de los derechos fundamentales, pues genera la imposibilidad de resolver diversos recursos relacionados con el derecho a la información de mexicanas y mexicanos. Al 1º de mayo del presente año, esto es, a un mes de que no puede sesionar el pleno del INAI por falta de quorum legal, la comisionada presidenta de dicha institución señaló que se encuentran estudiando más de 3000 mil asuntos y 800 están listos para resolverse.
A esa promoción de opacidad desde el poder, debemos adicionar la constante generación de desinformación por parte de instancias del gobierno federal. Las mentiras nunca son positivas y menos cuando son pagadas con recursos públicos. Un ejemplo reciente fue un comunicado de prensa por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en el que falsamente le atribuyen un indebido actuar y un excesivo ejercicio de atribuciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hoy el derecho al acceso a la información está en riesgo, pues se está impidiendo que la sociedad analice con datos públicos la toma de decisiones y el ejercicio de la gestión pública. La ausencia de transparencia es un caldo de cultivo para la corrupción. A nadie le conviene la opacidad, a menos que se quiera regresar a aquellos tiempos en los que la falta de información era la constante. Si esa es la intención, entonces la consolidación de nuestra democracia estará más lejos de lo que pensamos.
*Maestro en democracia y derechos humanos.
