por Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres

Todas las personas, desde que nacemos hasta la muerte, necesitamos de cuidados para la sostenibilidad de nuestras vidas. En nuestra infancia alguien nos alimenta, nos viste, nos lleva a la escuela; si enfermamos y si tenemos alguna discapacidad permanente, temporal o múltiple, alguien nos asiste; en la vejez, requerimos de quien nos cuide y provea lo que nos hace falta. Las personas recibimos y brindamos cuidados, cuidamos de nosotras mismas y también de otros seres vivos. Sin esos cuidados, la existencia de las personas, de forma individual y colectiva, no sería posible.

Visto así, los cuidados cobran un papel relevante en nuestras vidas, pero atraviesan por una crisis en su organización social. La pandemia por Covid-19 evidenció los múltiples factores que la configuran, siendo el principal que las mujeres, aún incorporándose a actividades fuera de casa, siguen cargando con el trabajo doméstico y de cuidados, lo que se traduce en múltiples jornadas laborales.

Al respecto, la Cepal señala que esta injusta organización social del cuidado persiste como nudo estructural de la desigualdad en América Latina y el Caribe, pues, por una parte, se trata de un modelo “familiarista” y, por la otra, limita la autonomía y derechos de las mujeres, generando una serie de ineficiencias económicas y sociales para toda la población en su conjunto.

Asimismo, es una crisis debido al incremento de la demanda de cuidados y a la reducción del tiempo y el número de personas disponibles para brindarlos, en relación con cambios demográficos que suceden a raíz de las migraciones y la movilidad laboral, el aumento de la esperanza de vida, la incidencia de las enfermedades crónicas y el envejecimiento poblacional, entre otros.

Este panorama plantea la necesidad de cambiar de paradigma en el estilo de desarrollo de las sociedades, a uno que coloque a los cuidados y la sostenibilidad de la vida en el centro a partir de su reconocimiento como un derecho humano.

El cuidado como un derecho humano implica que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar este derecho a todas las personas, mediante el diseño e implementación de políticas públicas, leyes, programas, instituciones, espacios y servicios, con presupuestos suficientes, que permitan reducir, redistribuir, recompensar y representar el trabajo de cuidados que actualmente recae en las familias y particularmente en las mujeres.

Esto es, generar las condiciones para que las personas, sin distinción, puedan cuidar y recibir cuidados de manera digna a lo largo de su vida, considerando su contexto y su condición social; y al mismo tiempo, distribuyendo la responsabilidad de brindar estos cuidados entre los distintos integrantes de las familias, la comunidad, la iniciativa privada, la sociedad y el Estado, sin dar por sentado que las familias -y en especial, las mujeres- se harán cargo de ellos.

Un primer paso para reconocer el derecho humano al cuidado es legislar en la materia. La Cámara de Diputadas y Diputados avanzó con la aprobación de la reforma a los artículos 4o y 73 constitucionales, en noviembre del 2020, que reconoce el derecho al cuidado y mandata la creación del Sistema Nacional de Cuidados, misma que está pendiente de aprobación en el Senado.

Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 18 de octubre del 2023 que todas las personas tenemos el derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado, y que el Estado mexicano tiene preponderantemente el papel de proteger y garantizar ese derecho. Pese a este avance por la vía judicial, es preciso continuar con su legislación a fin de que no haya cabida a confusiones sobre su alcance y contenido y para que queden claramente establecidas las responsabilidades en todos los niveles de gobierno (municipios, estados y federación), sectores (público, privado y social) e instituciones.

Para contribuir al proceso legislativo, la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres elaboró la iniciativa ciudadana Ley General del Derecho al Cuidado Digno y Corresponsable y del Sistema Nacional de Cuidados, a partir de un trabajo colectivo de investigación y de recuperación de aportes de las organizaciones, personas integrantes, de los contenidos de la Agenda Regional de Género de la Cepal, así como de un diseño legislativo e institucional. Los diferentes grupos redactores conformados al interior de la Coalición, desde 2021, elaboraron un proyecto de ley que pretende reflejar el estándar de derecho más alto que la Coalición ha identificado.

Este documento reconoce que el derecho al cuidado es para todas las personas, por lo que no establece a priori poblaciones objetivo ni se centra en servicios de cuidados, ya que limitar así una ley implica asumir una visión asistencialista, aunque sí reconoce las intersecciones de las personas que requieren una atención diferenciada y plantea la delimitación de poblaciones a atender y de los servicios a ofrecer se realice con la participación de la sociedad civil, mediante un mecanismo de toma de decisión dentro del Sistema Nacional de Cuidados. Además, enfatiza la necesidad de destinar recursos para la implementación de las políticas y demás acciones en materia de cuidados.

Desde la Coalición estamos convencidas de que nos encontramos en un momento idóneo para avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados, por el inicio de la nueva administración, porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha incorporado el tema en sus cien compromisos de gobierno y ha enviado reformas al Congreso para garantizar la igualdad sustantiva.

Avanzar en reconocer el derecho al cuidado y en la construcción de un Sistema que lo garantice significaría un verdadero cambio estructural. No se trata de programas de corto alcance, desarticulados, o con una visión asistencialista, sino de la posibilidad real de que el Estado rija los procesos para articular políticas y programas; para ampliar, reforzar o crear servicios e infraestructuras de cuidados; para garantizar el ejercicio universal de este derecho para toda la población y para redistribuir las responsabilidades entre la sociedad en su conjunto. Sólo de esa manera podremos asegurar una justicia social y la sostenibilidad de nuestras vidas.