Saber qué pasó esa noche en que Debanhi Escobar desapareció se ha convertido en un verdadero desastre. Las circunstancias de su muerte no están debidamente aclaradas porque las autoridades de la Fiscalía Estatal de Justicia de Nuevo León han actuado con desaciertos y falta de pericia inscritos en un lamentable proceso de declaraciones desde la propia Fiscalía, el padre de Debanhi, y los medios de comunicación, y la filtración de un peritaje independiente que se menciona esta chica fue violada y su muerte no fue un accidente.
En este desastre judicial, además se ha hecho un uso incorrecto del caso por parte de influencers que han lucrado con lo ocurrido, por lo que la organización feminista “Brujas del Mar” está solicitando mediante la plataforma change.org se pida a autoridades prohiba el lucro desde cuentas de redes sociales, a partir de fomentar el morbo alrededor de casos como el que nos ocupa.
Desde que se hicieron públicas las desapariciones de las chicas en Ciudad Juárez a finales del siglo pasado, y particularmente desde el caso de tres chicas cuyos restos fueron encontrados en una zona conocida como el campo algodonero, y que derivó en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México en 2009, nuestro país debería haber concretado las reformas y políticas para la prevención de estos crímenes contra mujeres, y en su defecto, la investigación del feminicidio de manera especializada desde una perspectiva de género basado en el sexo. La realidad es horripilante, cada año crece el feminicidio y la violencia contra las mujeres en el marco de una impunidad e irresponsabilidad del Estado.
La discriminación contra la mujer incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia es dirigida contra la mujer porque es mujer y la afecta en forma desproporcionada. Así lo señala la Recomendación 33 de la CEDAW y abunda se deben garantizar medidas para proteger la privacidad y la imagen de las víctimas, prohibiendo la captura y transmisión de imágenes, en casos en que ello pueda violar la dignidad y la condición emocional de sus familias.
La Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala es necesaria la transformación de la procuración de justicia e impartición de justicia tomando en cuenta las características específicas de la discriminación contra las mujeres, y la perspectiva de género debe ser la directriz para la investigación. Ante las inercias en estos procesos, y los casos sin justicia debida, en 2015, después de un batallar por parte de la familia de Mariana Lima, la SCJN emitió una sentencia para la investigación de su muerte violenta. La falta de rigor en la cadena de custodia, el desaseo en la investigación al no embalarse las pruebas, el aparente suicidio de Mariana, su cuerpo movido por el ex marido, la escena contaminada, determinó que la familia exigiera una revisión del caso. Acaso no se aplica a este caso de Debanhi Escobar?
El derecho a la verdad obliga a las autoridades a una investigación activa, con una amplia obtención de pruebas, y el desarrollo de vías racionales de investigación y comprensible de los hechos. Tener que recurrir a un peritaje independiente evidencia una falta de confianza en las autoridades. Pero no hay dudas: la familia tiene derecho a saber la verdad de lo ocurrido y a una acción de reparación.
