Los funcionarios de la alcaldía capitalina Cuauhtémoc, que gobierna Alessandra Rojo de la Vega, no terminan de aceptar la llegada de Obdulio Ávila Mayo como director general de Gobierno, pues desde algunas demarcaciones de la ciudad, más específicamente Coyoacán y Miguel Hidalgo, han llegado recordatorios de prácticas que no necesariamente se apegan a la ética y legalidad que a las que con recurrencia coincide el funcionario. No se tiene conocimiento de que, en la actualidad, transcurra alguna investigación de carácter administrativa o penal en contra del político, pero no necesariamente estará exento de las mismas en próximos meses, pues al menos en el caso de Coyoacán, donde gobierna el aliancista Giovani Gutiérrez, hay un tema que lo podría alcanzar e incluso fincarle responsabilidades.
Se trata del asunto del Colegio Carmel, que se ubicaba en la colonia Haciendas de Coyoacán y cerró sus puertas el año pasado luego de que se hiciera público un caso de presunto abuso sexual de menores por parte de un docente. Según nos informan, las autoridades capitalinas han seguido con las indagatorias correspondientes en el marco de las carpetas de investigación que se iniciaron entonces, y la historia ha dado un vuelco con respecto de lo que se conocía en marzo del 2023.
Entre esas novedades está que en la alcaldía Coyoacán hay varias quejas administrativas por presuntos actos de corrupción y extorsión por parte de la entonces dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos, que en ese periodo encabezaba Ávila Mayo; pues se habrían pedido a los dueños de la citada institución entre tres y cuatro millones de pesos para evitar la clausura definitiva.
A detalle, el 11 de marzo de ese año la alcaldía colocó sellos de suspensión en el inmueble de Rancho Estanzuela 130 y, en una tarjeta informativa expuso que “por medio de la dirección general de gobierno y asuntos jurídicos, a cargo de Obdulio Ávila Mayo, y mediante personal adscrito del Instituto de Verificación Administrativa, el pasado viernes 3 de marzo hizo una visita de revisión”.
La clausura no tenía que ver con el tema del presunto abuso, sino con un asunto supuestamente de protección civil. “Por disposición del artículo 16 de la Constitución federal, los actos realizados por el gobierno demarcacional son de índole administrativa y en estricto apego a la Ley Orgánica de las Alcaldías, por lo cual los actos o procedimientos en materia educativa o de investigación de posibles ilícitos de carácter penal corresponderán únicamente a las autoridades competentes”, señaló entonces la administración de Coyoacán.
Por cierto, dos meses después del caso del Carmel, fue detenido David Magaña Benítez, entonces subdirector de Verificación Administrativa de la alcaldía Coyoacán por su probable participación en el delito de ejercicio abusivo de funciones, al estar supestamente involucrado en la extorsión a establecimientos mercantiles; éste uno de los subalternos de Obdulio Ávila que, cabe señalar, participó en la visita al Carmel. Le seguiremos informando.