/ miércoles 28 de agosto de 2024

El Espectador / El desenlace del caso Grand Hyatt (Parte IV)

Con documentos sobre la mesa, esta columna dio cuenta hace algunas semanas del pleito que el abogado Pablo Andrei Zamudio tenía con el Hotel Grand Hyatt Cancún, obra que el litigante frenó durante 16 meses bajo argumentos personales que se disfrazaron de “ambientalistas”; la noticia ahora es que estas irregulares acciones derivaron ya en la ejecución de una orden aprehensión en su contra. Zamudio Díaz fue detenido la semana pasada en la Ciudad de México, por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, de Raciel López, acusado del delito de extorsión en perjuicio del Grupo Diestra, de Jorge Paoli, y sus abogados, a quienes habría pedido 45 millones de pesos para desistirse del amparo 222/2023, con el que se detuvo el desarrollo.

Cuando este espacio investigó sobre el tema, que representa una inversión en el sureste de hasta 10 mil millones de pesos y la creación de cinco mil empleos, el hoy detenido replicó enérgicamente —incluso de manera agresiva según las misivas que llegaron a esta redacción— que el proyecto no contaba con una evaluación y autorización en materia de impacto ambiental. Prácticamente nos amenazó y nos pidió callar.

Del lado de la desarrolladora, confirmaron que la construcción del Hotel Grand Hyatt Cancún sí contaba con los permisos de las autoridades ambientales. Incluso se comprobó la existencia de una Manifestación de Impacto Ambiental vigente desde 1991, que mediante oficio 410.-02676 autoriza el desarrollo del polígono denominado Puerto Cancún donde se llevaría a cabo la obra. Respecto a la construcción específica del complejo hotelero, existe un oficio de aviso de construcción con folio de expediente V:92:587, recibido por la Semarnat el 5 de noviembre de 2018, y respondido por la misma autoridad, mediante oficio SGPA/DGIRA/DG/09018, el 21 de noviembre del mismo año, con la acreditación para que el Grand Hyatt fuera construido.

Según información en poder de la fiscalía quintanarroense para proceder a la detención, el abogado había pedido inicialmente 45 millones de pesos para desistirse del amparo que promovió; luego pasó a 20 millones de pesos. Ante estos hechos, la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, solicitó la orden de aprehensión contra Zamudio Diaz, quien ya fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Cancún. Por otro lado, se investiga también a la red de contactos que utilizó para obtener, en algún momento del conflicto y al parecer sin fundamentos, victorias en el terreno judicial. El tema sería objeto por supuesto de sendas investigaciones en el Consejo de la Judicatura Federal; aunque por el momento el órgano de administración del Poder Judicial se encuentra más enfocado en la defensa de su existencia.

CFE en disputa

Con la llegada de Emilia Calleja para dirigir la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los movimientos internos desencadenaron una serie de maniobras entre los altos mandos de la paraestatal. Rubén Cuevas Plancarte, Director Corporativo de Administración, según se comenta, busca mantener su posición en el organigrama, a pesar de haber sido señalado por fuentes internas por supuestamente grabar reuniones y conversaciones con fines de chantaje. Resulta sorprendente que, al ser uno de los personajes que retrasó la designación de Calleja como Directora de la Subsidiaria Generación 1, ahora busque asegurarse un lugar en su equipo. Luis Bravo Navarro, Coordinador de Comunicación Corporativa, tampoco escapa a las críticas, ya que se le acusa de disfrutar de lujos y viajes financiados por proveedores, mientras que su gestión en campañas publicitarias es cuestionada por la falta de resultados. En cuanto a Adrián Olvera Alvarado, actual Director General de la EPS-CFE Generación V, las fuentes aseguran que está decidido a asumir la Dirección de Operaciones, con la intención de llenar las oficinas de sus allegados, a pesar de que su historial está manchado por denuncias de acoso sexual y laboral. Estos movimientos reflejan la pugna por el poder en una CFE que enfrenta el reto de definir su liderazgo bajo la nueva administración.

Con documentos sobre la mesa, esta columna dio cuenta hace algunas semanas del pleito que el abogado Pablo Andrei Zamudio tenía con el Hotel Grand Hyatt Cancún, obra que el litigante frenó durante 16 meses bajo argumentos personales que se disfrazaron de “ambientalistas”; la noticia ahora es que estas irregulares acciones derivaron ya en la ejecución de una orden aprehensión en su contra. Zamudio Díaz fue detenido la semana pasada en la Ciudad de México, por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, de Raciel López, acusado del delito de extorsión en perjuicio del Grupo Diestra, de Jorge Paoli, y sus abogados, a quienes habría pedido 45 millones de pesos para desistirse del amparo 222/2023, con el que se detuvo el desarrollo.

Cuando este espacio investigó sobre el tema, que representa una inversión en el sureste de hasta 10 mil millones de pesos y la creación de cinco mil empleos, el hoy detenido replicó enérgicamente —incluso de manera agresiva según las misivas que llegaron a esta redacción— que el proyecto no contaba con una evaluación y autorización en materia de impacto ambiental. Prácticamente nos amenazó y nos pidió callar.

Del lado de la desarrolladora, confirmaron que la construcción del Hotel Grand Hyatt Cancún sí contaba con los permisos de las autoridades ambientales. Incluso se comprobó la existencia de una Manifestación de Impacto Ambiental vigente desde 1991, que mediante oficio 410.-02676 autoriza el desarrollo del polígono denominado Puerto Cancún donde se llevaría a cabo la obra. Respecto a la construcción específica del complejo hotelero, existe un oficio de aviso de construcción con folio de expediente V:92:587, recibido por la Semarnat el 5 de noviembre de 2018, y respondido por la misma autoridad, mediante oficio SGPA/DGIRA/DG/09018, el 21 de noviembre del mismo año, con la acreditación para que el Grand Hyatt fuera construido.

Según información en poder de la fiscalía quintanarroense para proceder a la detención, el abogado había pedido inicialmente 45 millones de pesos para desistirse del amparo que promovió; luego pasó a 20 millones de pesos. Ante estos hechos, la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, solicitó la orden de aprehensión contra Zamudio Diaz, quien ya fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Cancún. Por otro lado, se investiga también a la red de contactos que utilizó para obtener, en algún momento del conflicto y al parecer sin fundamentos, victorias en el terreno judicial. El tema sería objeto por supuesto de sendas investigaciones en el Consejo de la Judicatura Federal; aunque por el momento el órgano de administración del Poder Judicial se encuentra más enfocado en la defensa de su existencia.

CFE en disputa

Con la llegada de Emilia Calleja para dirigir la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los movimientos internos desencadenaron una serie de maniobras entre los altos mandos de la paraestatal. Rubén Cuevas Plancarte, Director Corporativo de Administración, según se comenta, busca mantener su posición en el organigrama, a pesar de haber sido señalado por fuentes internas por supuestamente grabar reuniones y conversaciones con fines de chantaje. Resulta sorprendente que, al ser uno de los personajes que retrasó la designación de Calleja como Directora de la Subsidiaria Generación 1, ahora busque asegurarse un lugar en su equipo. Luis Bravo Navarro, Coordinador de Comunicación Corporativa, tampoco escapa a las críticas, ya que se le acusa de disfrutar de lujos y viajes financiados por proveedores, mientras que su gestión en campañas publicitarias es cuestionada por la falta de resultados. En cuanto a Adrián Olvera Alvarado, actual Director General de la EPS-CFE Generación V, las fuentes aseguran que está decidido a asumir la Dirección de Operaciones, con la intención de llenar las oficinas de sus allegados, a pesar de que su historial está manchado por denuncias de acoso sexual y laboral. Estos movimientos reflejan la pugna por el poder en una CFE que enfrenta el reto de definir su liderazgo bajo la nueva administración.