Parece ser una constante en varios estados la poca o nula coordinación de los gobiernos en turno con sus operadores de transporte público. Apenas el pasado mayo, en Guadalajara, Jalisco, los socios de diversas rutas de movilidad instalaron mantas para reclamar al gobierno estatal, de Enrique Alfaro, el retraso en pagos del subsidio a la tarifa y de los saldos de las tarjetas de prepago, lo que acusaban los tenía al borde de la quiebra y los obligaba a sacar varias unidades de circulación.
Ahora, una situación idéntica ocurre en Tabasco, de Carlos Manuel Merino, donde a inicios de esta semana la empresa EV Netcomm, operadora del transporte público en Villahermosa, anunció que detendría su servicio en la capital por un adeudo de 35 millones de pesos por parte de la administración estatal. Lo anterior, dicho sea de paso, afecta a unas 20 mil personas que diariamente deben transitar por el corredor Coronel Gregorio Méndez Magaña.
El secretario de Movilidad estatal, Narciso Oropeza, se niega a aceptar el mencionado adeudo. Sin embargo, la firma que lleva Fernando Marquina acumula documentación y evidencias testimoniales de que el gobierno tabasqueño no ha cumplido con el acuerdo al que se comprometió. Por ejemplo, el 27 de octubre de 2022 se llevó a cabo el banderazo de salida de las unidades de transporte público concesionado, con un evento encabezado por el gobernador Carlos Manuel Merino Campos y por otros tantos funcionarios tanto del gabinete estatal como del municipio. Ahí, según existe registro incluso en la red, el gobierno del estado se comprometió a apoyar la modernización de los vehículos y la mejora del servicio: EV Netcomm realizaría la inversión para habilitar las primeras 40 unidades, el sistema de monitoreo de las mismas y la aplicación para el pago electrónico y el servicio gratuito de los usuarios; en tanto, el gobierno apoyaría con la concesión de las rutas, el pago del subsidio que se le asigna a los ciudadanos, el desarrollo de un estudio de movilidad y la creación de un fondo de estabilización para el primer año de operación.
Aunque el gobernador Carlos Merino ha pedido ya a Semovi que a la brevedad arregle el conflicto, la postura de su subordinado complicó más la situación; esto porque, con distintas aseveraciones que se contraponen, Oropeza ha propiciado que los operadores engrosen carpetas que se presentarán ante los juzgados, para emprender una estrategia legal contra el estado que, en breve, encabezará el morenista Javier May. Incluso, con su actitud de desestimar el conflicto, el titular de la Semovi expuso legalmente a su propio equipo de trabajo, que fue el encargado de emitir los permisos para circular y de firmar oficios como el identificado con el No. SM/0252/2023 y el folio F-4166/2023, en el que se detalla la “Factibilidad de Rutas y Unidades para Operar en Corredor Coordinado”, y en el que esa misma dependencia dio a los operadores la calificación de “Factibilidad Positiva”.
¿Será que quieren ponerle obstáculos a May?
Este reportero estará fuera algunos días. Retomará este espacio pronto. Gracias.
