El gobierno de Estados Unidos le respondió hace unas semanas a las objeciones de Genaro García Luna y sus abogados, presentadas el 31 de mayo del 2024.
El acusado objeta la descripción de la conducta delictiva, argumentando que él "no asistió a ningún cartel de drogas".
“Como el Gobierno demostró ampliamente en el juicio, y el jurado encontró más allá de una duda razonable, el acusado conspiró con el Cártel de Sinaloa y aceptó decenas de millones de dólares en sobornos a cambio de ayudar al Cártel de Sinaloa a importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos. En consecuencia, el gobierno solicita respetuosamente que el Departamento de Libertad Condicional decline modificar estos párrafos del Informe de Investigación Presentencial fechado el 19 de abril de 2024”.
El acusado objeta la descripción en el informe de investigación de su intento de obstruir la justicia sobornando o convenciendo corruptamente a los reclusos para presentar declaraciones juradas falsas en apoyo de su moción para un nuevo juicio y niega las acusaciones.
El Gobierno aclara que ha obtenido pruebas suficientes que establecen que el acusado solicitó corruptamente y luego presentó una declaración jurada falsa en apoyo de su moción y planeó obstruir la justicia y subornar buscando sobornar o convencer ilegalmente a múltiples reclusos para que atestiguaran estas mismas falsas acusaciones.
Según Estados Unidos, las pruebas del complot incluyen, pero no se limitan a que al menos dos testigos (Individuo 2 y Juan Carlos Nava Valencia) que conocieron estos esfuerzos en el momento de su comisión. Las notas tomadas por el Individuo 2 que registran sus conversaciones con el acusado sobre estos esfuerzos. Una grabación de audio de una conversación entre el acusado y el Individuo 2 donde el acusado instruye al Individuo 2, y por extensión al Individuo 1, sobre qué acusaciones debían presentar contra Juan Carlos Nava Valencia, Oscar Nava Valencia y Edgar Veytia. E instrucciones contenidas en un documento que fueron pasadas al Individuo 1 en nombre del acusado para elaborar falsas acusaciones.
Según el Gobierno, Genaro García Luna objeta posesión de un arma peligrosa o de fuego, alegando que él "no proporcionó guardias armados para el Cártel de Sinaloa".
Pero los representantes de EU demostraron en el juicio que el acusado y sus co-conspiradores ayudaron al Cártel proporcionando policías armados para apoyar las actividades ilegales de los narcos. “Por ejemplo, Sergio Villarreal Barragán testificó que los líderes del Cártel de Sinaloa discutieron con el acusado operaciones llevadas a cabo por los policías federales del acusado para matar a rivales. Villarreal Barragán también testificó que la Policía Federal trabajó directamente con los sicarios armados del Cártel de Sinaloa para matar a rivales. Y el hecho de que el propio acusado no usara un arma en la conducta delictiva no tiene importancia ya que no solo conocía las armas usadas por otros miembros de la conspiración, sino que dirigió a sus policías armados a realizar operaciones en nombre del cártel”.
Dice el gobierno de Estados Unidos que Genaro García Luna argumenta que era un "un funcionario de tiempo completo en el gobierno mexicano".
Pero por los ingresos que ellos detectaron, dicen que el empleo legítimo del acusado era meramente una fachada para su conducta delictiva.
“El acusado ganó decenas de millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa, en comparación con el salario que ganaba como funcionario del gobierno mexicano. Y la posición del acusado en el gabinete presidencial mexicano era una fachada para la pertenencia del acusado al Cártel de Sinaloa porque el acusado utilizó su posición oficial para promover encubierta y corruptamente los objetivos delictivos del Cártel de Sinaloa. Por lo tanto, las pruebas muestran que el acusado participó en esta conducta delictiva como medio de vida”.
