Ingenieros Civiles Asociados (ICA), bajo la dirección de Guadalupe Phillips Margain, ha sido un actor central en la construcción de las obras más emblemáticas de México, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Sin embargo, detrás de su protagonismo en la infraestructura nacional, emerge una realidad sombría: una deuda acumulada de más de 112 millones de pesos con sus proveedores. Este pasivo no solo afecta la viabilidad de empresas subcontratadas, sino que ha puesto en jaque la estabilidad económica de cientos de familias, evidenciando los desequilibrios que los gigantes de la construcción pueden generar en sus cadenas productivas.
El consorcio “Empresarios Afectados por ICA y sus Filiales”, conformado por empresas como Construcciones Peñascos S.A. de C.V., ICAPSA Infraestructura de Desarrollo, KYPCON Ingenieros Civiles y el empresario Marco Antonio Valdez Gutiérrez, ha señalado que las deudas acumuladas se extienden a filiales como Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido, Holding Prefabricados, Península Maquinaria y Equipo Pesado y Constructora MT de Oaxaca. Las acciones legales, en curso desde hace meses, enfrentan trabas constantes debido a los cambios de domicilio registrados por estas filiales, lo que ha dificultado su emplazamiento en los procesos judiciales.
En este contexto, más de 300 familias han enfrentado afectaciones económicas derivadas de la falta de pago. Empresas como KYPCON han tenido que vender activos para sostener sus operaciones, mientras que ICAPSA ha recurrido a créditos bancarios para cumplir con sus compromisos laborales. Por su parte, Construcciones Peñascos inició tres demandas legales en la Ciudad de México, para buscar que las filiales de ICA respondan por los adeudos pendientes. Marco Antonio Valdez Gutiérrez, uno de los principales afectados, enfrenta un adeudo directamente vinculado a la matriz de ICA, lo que ha puesto en riesgo la viabilidad de sus proyectos.
El Tren Maya, considerado uno de los mayores logros de infraestructura en la región, ha servido como eje de crecimiento para muchas empresas. Sin embargo, los adeudos de ICA han generado preocupación en el sector empresarial, que ve en este tipo de casos un riesgo para la confianza en futuros proyectos. Aunque el gobierno federal ha cumplido puntualmente con los pagos a las constructoras principales, el incumplimiento hacia las empresas subcontratadas plantea preguntas sobre la regulación y el control que deberían garantizar.
En medio de la continuidad de las megaobras del país, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el desafío radica en evitar que casos como este se repitan. Asegurar que consorcios como ICA cumplan con sus compromisos no solo es un requisito para proteger la estabilidad de las empresas proveedoras, sino también para garantizar que el desarrollo de infraestructura no se vea opacado por las fallas financieras y contractuales que afectan a cientos de trabajadores y a las comunidades que dependen de ellos.
