En diversas oficinas de la Secretaría de Hacienda siguen muy de cerca los pasos de la nueva directiva de la cementera La Cruz Azul pues los cooperativistas que lograron expulsar a la familia Álvarez Cuevas extendieron las prácticas que denunciaron por años y, de acuerdo con documentos en poder de este reportero, en su administración también ha prevalecido el saqueo.
José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, quienes se ostentan respectivamente como presidentes de los consejos de Administración y Vigilancia de la cooperativa, son investigados por las autoridades fiscales y financieras, por presuntos desvíos de los recursos de la cementera que se acercan a los 500 millones de pesos.
Una de las indagatorias se concentra en las transferencias realizadas desde la razón social Cruz Azul Futbol Club a la empresa denominada Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul. Hablamos de por lo menos 195 millones de pesos que se facturaron a la llegada de los nuevos directivos, pero que nunca se reflejaron como ingresos en las cuentas bancarias (BBVA y Banorte) de la compañía receptora.
También las autoridades dan seguimiento a transferencias millonarias que el Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, en los tiempos ya de Marín y Velázquez, hizo a una cuenta de la Institución de Banca Múltiple Monex; misma que emitió constantemente facturas por la compra de dólares que fueron dispersados para diversos fines. Además de los titulares de los consejos de Administración y Vigilancia, se investiga a familiares y colaboradores cercanos de Víctor Manuel Velázquez Rangel, entre los que se encuentran Laura Alicia Velázquez Rangel, Julián Luis Velázquez Rangel, María Alejandra Velázquez Paredes y Juan Manuel Briseño González.
Hasta el momento, los hallazgos colocan en el peor escenario a la hermana del presidente del Consejo de Vigilancia, Laura Alicia Velázquez Rangel, quien ha laborado en los últimos años como encargada de Relaciones Públicas en la dirección comercial de Cruz Azul y la que, por cierto, fue identificada en el pasado como la patrocinadora de las manifestaciones contra el famoso Billy, con apoyos desde los 200 pesos para los participantes.
A Laura Velázquez se le han encontrado irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; además de pagos anuales a cuentas de seguros GNP y HSBC por alrededor de 600 mil pesos; lo que se presume como operaciones destinadas a ocultar dinero en efectivo; mismo que posteriormente sería depositado en sus cuentas como pagos de pólizas.
Similares prácticas han sido detectadas en el propio Víctor Manuel Velázquez, pues también tiene gastos de hasta dos millones de pesos en Seguros Monterrey y 300 mil pesos en GNP, lo que también hace presumir delitos de índole financiera que muy pronto van a derivar en medidas cautelares administrativas y, posteriormente, en procesos penales. La historia de Billy Álvarez está por repetirse con los nuevos directivos.