El argumento más sólido que tuvieron en la 4T para declarar la extinción del organismo que todavía encabeza el comisionado Adrián Alcalá fue el mal uso de recursos públicos, sobre todo refiriéndose a aquel escándalo en el que se vieron involucrados varios funcionarios cuando pagaron un table dance con una tarjeta oficial.
Lo que no detallan es que el titular de esa American Express era el entonces comisionado Oscar Guerra Ford, quien llegó al Pleno del INAI promovido por la “izquierda”, más específicamente por el Partido de la Revolución Democrática cuando personajes como los hoy secretarios de Educación y de Economía, Mario Delgado y Marcelo Ebrard respectivamente, todavía formaban parte del casi extinto Sol Azteca.
Sin justificar sus gustos y manías, las promesas del expresidente Andrés Manuel López Obrador tarde o temprano, se cumplen. Aunque ya no está en el Ejecutivo, el tabasqueño consolidó la advertencia que hizo al inicio de sexenio, cuando a los integrantes del INAI, la Cofece y el IFT les hizo saber que el destino de esas oficinas era la extinción.
El argumento principal de la llamada cuarta transformación era el gasto que le representan a la administración pública los mencionados entes, pues esos dineros se deberían destinar, sobre todo, a los programas sociales; según decía desde antes de tomar posesión el tabasqueño y repiten ahora en el segundo piso de la 4T.
Pero nadie en aquel movimiento, hasta ahora, ha puesto sobre la mesa las implicaciones internacionales que tendrá tal decisión.
La desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones impacta directamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que por cierto está próximo a revisarse.
En el caso del Instituto Nacional de Transparencia, se incumple de inicio con el Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. El mismo acuerdo obligaba al país a cumplir con el protocolo para la protección de datos personales, a las autoridades de control y al flujo transfronterizo de datos.
A la letra, el citado mecanismo internacional obliga a los países a la “creación de autoridades que ejerzan sus funciones con completa independencia, promoviendo igualmente la implementación de un adecuado nivel de protección de datos”.
La citada premisa, queda pues en el basurero, pues las mencionadas tareas pasarán a manos de una dependencia de gobierno.
Además, con la extinción del INAI, México queda en incumplimiento del programa de trabajo de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y un centenar de acuerdos y tratados cuyo principal objetivo es dejar sentado que la protección de datos y de la privacidad son un derecho fundamental de las personas, con independencia de su nacionalidad o residencia.
Más allá de sus pecados, es muy delicado que el intermediario para la transparencia se elimine del horizonte. Se rompe con las peticiones de información y pierden ellos credibilidad. Pero al fin que no la necesitan. Todo les creen. Aunque ellos inventen nuevos datos y nuevos marcos de interpretación. Por lo pronto, más trabajo para el periodismo, aunque las críticas, ataques, amenazas y demandas sigan llegando.
