La violencia contra las mujeres ha sido una preocupación constante de las feministas desde el origen del feminismo. Necesario recordar que cuando trabajamos la Ley general para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Marcela Lagarde y otras diputadas, discutimos la necesidad de configurar, además de la ley de prevención, un nuevo tipo penal, el feminicidio. Justicia especializada por tratarse crímenes inscritos en la discriminación cruenta contra las mujeres por serlo. Las consecuencias de las desventajas ancestrales que sufren las mujeres frente el machismo, derivan por desgracia, en su asesinato. Por cada crimen, hay miles ¡miles! de mujeres sobrevivientes de feminicidio. Es la violencia feminicida.
La violencia contra las mujeres se padece en los ámbitos público y privado; prevenirla, sancionarla y erradicarla, es una responsabilidad del Estado. Hemos dicho desde todos los espacios que el Estado tiene que prevenirla, que las mujeres no sufran opresión, con políticas públicas específicas e integrales. Avanzamos en la legislación; lo que no hay, es una política de Estado que aplique la Ley de prevención. No es gratuito que las jóvenes tomen las calles enojadas ante la impunidad de las autoridades frente al crecimiento del feminicidio. “Ni Una Más” significa ninguna mujer, sucumba a manos de los machos.
Para la sanción de estos delitos del orden común, hemos exigido la revisión de las leyes penales locales para unificar el tipo penal. Si estamos de acuerdo en que el feminicidio, como lo define Lagarde, es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, conformada por el conjunto de conductas misóginas que conllevan impunidad social y del Estado, entonces se debe actuar en consecuencia. Las conductas misóginas no se resuelven con atención psiquiátrica a hombres comunes. Ante un problema estructural, sistémico, todas las instituciones formales, y las informales incluidas, deben esforzarse en la construcción de otra sociedad, más igualitaria, donde mujeres y hombres se reconozcan como pares.
En esto andamos cuando con platillos y bombos se anuncia una serie de la Suprema Corte de Justicia de la Nación intitulada Caníbal “para denunciar el drama colectivo de los feminicidios”. Es indignante que el centro de ese material televisivo, sea el feminicida y no las víctimas. Pero lo es más que sirviera de marketing para que el señor Ministro Presidente de la Corte Arturo Zaldívar se apersone en el Senado para presentar “su” iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio. El Ministro no tiene facultades para presentar iniciativas de ley; trastoca las formas constitucionales de la división de poderes.
El Poder Judicial debería reconocer su déficit para aplicar la ley; no hay justicia pronta, especializada, efectiva. Tampoco se actualizan las fiscalías, las y los ministerios públicos, peritos, por supuesto ni los policías que son los primeros en llegar al lugar de los hechos para delimitar la cadena de custodia que casi siempre es un desastre, como observamos en el caso de la chica asesinada por su marido, en un restaurante japonés. Toda la respuesta institucional es deficiente. La Ley de Zaldívar? De esa, luego hablamos, de su lectura surgen varias preocupaciones relacionadas con el bien jurídico que se supone protege.
Defensora de derecho humanos