Por Jorge Cano
En México hay un ciclo vicioso en materia ingresos públicos: la gente no quiere pagar impuestos porque percibe un mal uso de los recursos y un bajo nivel de servicios públicos. Al mismo tiempo, hay malos servicios públicos porque la gente no paga suficientes impuestos. Urge romper este ciclo.
En la Alianza por la Justicia Fiscal —un esfuerzo colectivo de varias organizaciones de la sociedad civil y la academia— tenemos muy claro que es necesario incrementar los ingresos del Gobierno para cumplir con los compromisos de salud, educación y seguridad, entre otros. No obstante, como cualquier ciudadano, sabemos que el Gobierno no siempre gasta de la mejor manera.
Si bien la pobreza por ingresos disminuyó en el sexenio de López Obrador, hubo un retroceso en otros indicadores. Ejemplos incluyen el alarmante aumento en personas sin acceso a servicios de salud (de 20.1 millones en 2018 a 50.3 millones en 2022), el mayor rezago educativo en la población (de 23.5 millones en 2018 a 25.5 millones en 2022) o el deterioro en el porcentaje de viviendas que recibe agua diario (de 69.5% en 2018 a 65.8% en 2022). Dichos retrocesos fueron provocados en parte por un gasto deficiente en esos sectores.
El problema no sólo se debe al bajo crecimiento de los ingresos, sino a la discrecionalidad en el uso de los recursos. En el sexenio de López Obrador los ingresos por impuestos pasaron de 12.7% a 14.2% del PIB. Esto sugiere que el incremento en los ingresos no siempre se tradujo en mejoras en la calidad de vida de las personas, lo cual refuerza la necesidad de mejorar la gobernanza del gasto público.
Por la razón anterior, en la Alianza por la Justicia Fiscal presentamos el documento titulado “Gasto público justo y eficiente”. En él proponemos varios mecanismos para asegurar que los recursos públicos se ejerzan de una manera justa, transparente y eficiente.
Una de las propuestas clave es la “etiquetación” de los ingresos. Esto implica que lo recaudado por gravámenes como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), sea destinado a fines específicos, como la salud pública, medio ambiente o la infraestructura de agua. Esta medida ayudaría a proteger ciertos programas sociales de recortes presupuestarios y a garantizar que los recursos se utilicen en áreas prioritarias.
Además, subrayamos la importancia de fortalecer la regulación sobre los cambios al presupuesto luego de su aprobación. Actualmente existe una gran flexibilidad para que el Ejecutivo modifique el presupuesto aprobado sin la necesidad de una autorización clara por parte del Congreso. Esto ha llevado a que, en muchos casos, los recursos se redirijan a proyectos que no necesariamente cumplen con criterios técnicos o de rentabilidad social.
Tan solo en 2023, de 581 programas presupuestarios, 323 (56% del total) tuvieron modificaciones cercanas al 15% del presupuesto aprobado. Algunos de los principales ganadores fueron Pemex y las Fuerzas Armadas, mientras que hubo recortes para el gasto de salud.
Otros temas relevantes son la necesidad de asegurar un gasto equitativo en salud entre las personas con seguridad social y aquellas que trabajan en el sector informal. También desde la Alianza proponemos mejoras en la transparencia del endeudamiento y rendición de cuentas en los fideicomisos, así como la necesidad de realizar estudios de impacto antes de hacer reformas legislativas.
En 2024 el gasto per cápita de los afiliados al IMSS será del triple de las personas con IMSS-Bienestar. Este año, también, sólo 65 centavos de cada peso de endeudamiento se destinarán al gasto de inversión; es decir, 35 centavos de deuda van para financiar el gasto corriente. Esto no es sostenible. Asimismo, los recursos en fideicomisos han caído en más de 50% desde 2018 pero los fondos del Ejército se han multiplicado. Proponemos medidas correctivas para estos problemas públicos.
México aún está a mitad de camino para lograr una recaudación tributaria del 34% del PIB como es el promedio en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Debemos establecer estrategias de fiscalización para mejorar estos niveles, pero si no garantizamos que los recursos se gasten bien, difícilmente avanzaremos en temas sociales y económicos y será más difícil construir una cultura tributaria.
* Jorge Cano es coordinador del Programa de Gasto Público en México Evalúa.
