Fue el Estado. Esa fue la reacción ante los terribles hechos jamás vistos desde videos de las cámaras de Iguala, donde vehículos oficiales trasladan estudiantes apilados de la Normal Rural de Ayotzinapa hacia un destino incierto; la población de Iguala sobrevivió aterrorizada esa noche entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

No podemos perder la memoria: los policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula desataron una cacería contra los estudiantes quienes sólo secuestraron camiones para ir a la marcha del 2 de octubre. Desarmados, la mayoría del primer año, no sabían uno de esos camiones traía droga traficada por el cartel de Guerreros Unidos. Los policías les persiguieron usando armas de alto poder; asesinaron a seis personas, hirieron a otras 40 y desaparecieron a 43 estudiantes. Desde el C4 supieron en tiempo real la persecución, incluso de la presencia de particulares armados, persiguiéndoles por Iguala. Nadie hizo nada para impedir la masacre y la desaparición forzada de los estudiantes. Se confabuló para ocultar la verdad, también desde los militares y marinos.

El caso lo atrae la PGR, y el Procurador Murillo en enero de 2015 concluye los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que derivó en una litis científica; no pudo cerrar el caso. Ante la presión de los padres de los estudiantes desaparecidos y de organizaciones no gubernamentales, el gobierno de México celebra un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que hubiese una investigación independiente. Así llega el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI a México en marzo de 2015, sin embargo hoy da por terminada su relación sin haber podido resolver el caso de Ayotzinapa. Con su investigación se complementaría el rompecabezas judicial, y llegar a la SEDENA resultaba esencial. Pero igual que Peña, este gobierno se constata, no está dispuesto a que se sepa la verdad.

El GIEI se retira con una conclusión lapidaria en su 6º y último informe: “las investigaciones de la anterior PGR, se convierten en factores de impunidad cíclicos e imposibles de modificar en sus efectos nocivos, ante la utilización de métodos como la tortura, la falsificación, la obstrucción, y la negativa de información, que hacen que la justicia jamás pueda ser accesible para las víctimas y para la sociedad”. Esta opacidad en el acceso a la información no solo lo encontraron en el sexenio pasado, hoy se van reiterando que esos obstáculos se han mantenido con el actual gobierno y con la FGR.

López Obrador se aprovechó del caso desde su campaña, simuló compromiso para que se supiera la verdad sobre el paradero y suerte de los 43 estudiantes; fingió habría justicia, reparación y protección también para las víctimas directas sobrevivientes.

En su despedida el GIEI señala es imprescindible se asegure investigaciones independientes, que no sean coartadas por autoridades políticas o militares. Los funcionarios de primer orden no pueden seguir utilizando argumentos como “información de seguridad nacional”, o el tráfico de influencias que solo obstaculizan el esclarecimiento de los hechos al presionar no se investigue a personas “sobre cuya responsabilidad hay evidencias significativas”. Los padres y madres de los 43 es su derecho saber qué pasó con sus hijos y quiénes deben enfrentar a la justicia. El Estado sigue en deuda.