Por: Manuel Guadarrama
El plan de reactivación económica presentado por el presidente el domingo pasado no es lo uno ni lo otro. Se anunciaron las actividades y programas que el Gobierno realiza de forma cotidiana, una mañanera más. Quedó claro: se anunció austeridad cuando urge más gasto público. Se pregonaron proyectos que no sirven cuando se necesitan transferencias a familias y negocios. Se recurrió a guardaditos cuando se requiere de financiamiento. Se obtuvo publicidad oficial cuando se demanda Gobierno.
Uno de los guardaditos que más llamó la atención fue el uso de fideicomisos. La mala fama de estos no es en balde. Innumerables desvíos y actos de corrupción se aprovecharon de ellos. Este instrumento jurídico es muy versátil. Su definición es clara: el fideicomitente (el Gobierno) transmite a una institución fiduciaria (generalmente bancos) la propiedad de bienes, derechos o recursos para ser destinados a fines lícitos y determinados. El fideicomisario (la sociedad, para fines prácticos ) debe recibir el provecho que el fideicomiso implica.
El viernes 3 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que el presidente ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica. También se ordenó que los ejecutores del gasto envíen los recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y no comprometan el uso de dichos recursos, de lo contrario se incurrirá en responsabilidad administrativa. El decreto de extinción exceptúa los fideicomisos que dan cumplimento al mandato de alguna ley vigente, al pago de pensiones, prestaciones laborales y emergencias de salud.
Tenía que suceder y era de esperarse. Esta medida atiende a la austeridad no a la emergencia. En noviembre de 2019 se publicó la controvertida Ley Federal de Austeridad Republicana. En ella se establece que la conformación o celebración de fideicomisos queda prohibida en materias de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública, a menos que se encuentren previstos en alguna ley, decreto o tratado internacional.
A inicios de 2020, los fideicomisos públicos sin estructura orgánica sumaron 741 mil mdp. Ojalá que el Gobierno pudiera inyectar esta cantidad de recursos al país. Sin embargo, la realidad es dura. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, solo una cuarta parte de estos recursos quedarán disponibles en la Tesofe. Es decir, 181 mil millones de pesos que no marcan la diferencia del espacio fiscal para reactivar la economía y mitigar los efectos de las crisis sanitaria y económica.
Por el contrario, la extinción de fideicomisos puede generar mayor incertidumbre al sector privado. Se corre el riesgo de afectar obligaciones y pagos, así como provocar una desatención de sectores clave de la economía.
Con el uso del guardadito de fideicomisos del presidente no queda otra más que exigir que se aplique la ley (que él impulsó): verificar la publicación de información trimestral, incluidos los estados financieros, mantener actualizado el sistema de información de fideicomisos, atender las recomendaciones y actividades de fiscalización y no evadir las reglas de disciplina financiera. En otra ocasión vale la pena hablar de la posible violación a los derechos laborales de los servidores públicos con su “plan de reactivación económica”.
P.D. Pasemos de la austeridad a la responsabilidad. Si puedes, #QuédateEnCasa.
Coordinador de Gobierno y Finanzas del @IMCOmx
