A juicio del magistrado José Luis Vargas (Excélsior, 19/01/18) la “judicialización” de los procesos electorales ha crecido “como espuma” y eso se explica porque el INE ha perdido capacidad para negociar (¿?), de ahí que se impugnen sus decisiones y acuerdos por aspectos políticos y no puramente técnicos para resolver solo dilemas jurídicos. Pareciera que en esa declaración subyace alguna incomodidad respecto a que cualquier partido sancionado o multado presente impugnaciones más allá de cuestiones meramente técnicas y eso podría evitarse, en su opinión, si antes se negocia con el partido para que no lo haga.
En 1932 Aldos Huxley escribió “Un mundo feliz”, novela que retrata a una sociedad que aspira a controlar todo con recetas insostenibles, las que hacen agua apenas enfrentan una rebanada de realidad. El modelo electoral mexicano no se ha construido pensando que los organos electorales, administrativos o jurisdiccionales, son un espacio de observación técnica, que no deben incomodarse nunca por cargas laborales ni recibir impugnaciones de partidos relacionadas con contextos políticos, porque su mundo feliz sería únicamente recibir quejas que aludan a esos aspectos técnicos. Es decir, resolver las denuncias y demandas que aludan a fundamentación equivocada, a artículos de ley no mencionados, a tesis o jurisprudencias mal citadas, a puntos y comas mal puestos.
El magistrado soslaya que el TEPJF es una instancia que no está ajena a la política, que actúa en el corazón de la misma, y por ello llama a que el INE abra espacios de negociación adicionales a los muchos que diariamente se concretan de forma transparente para construir consensos, tampoco debe esperar que los partidos se queden siempre conformes con multas o sanciones diversas que se les imponen y ya no las recurran ante la instancia jurisdiccional vía convencimiento, “espacio de negociación” que él ve perdido.
Las autoridad electoral nacional administrativa no está subordinada a la jurisdiccional ni es su función evitar que revise asuntos en el marco de sus atribuciones, ambas son parte de un sistema que busca propiciar condiciones para que la política respete reglas y la competencia por el reparto del poder se resuelva en democracia, con equidad y garantías de justicia, no con pura revisión de estilo o de técnica y teoría jurídica que en todo caso, debe estar al servicio de los principios constitucionales, de la aplicación de la ley, de generar las condiciones normativas y las decisiones que deriven en una contienda justa con pleno respeto al voto popular.
Recientemente la Suprema Corte de Justicia entendió lo relevante que era, en esa ruta, emprender acciones inmediatas para hacer valer el artículo 134 constitucional y alejar la promoción de servidores públicos o la propaganda oficial de los tiempos electorales, a diferencia de otras decisiones que previamente asumieron que esa promoción personalizada de servidores públicos es “rendición de cuentas” justificada en la letra de la ley, aunque se realice en plena precampaña.
En 2016 el Tribunal recibió 10 mil 140 impugnaciones, en 2017 disminuyeron a 9 mil 663, es decir, no han crecido “como espuma” sino que han bajado. En lo que va de 2018 únicamente van 181 pese a tratarse de un año con intensa actividad electoral. No todas las decisiones del INE son impugnadas, pero cuando esto ocurre, el propio tribunal las confirma en su mayoría.
Del 4 de noviembre de 2016 (cuando se renovó el Tribunal) a la fecha, se han interpuesto 1 mil 371 impugnaciones a decisiones del INE y únicamente 215 han sido revocadas o modificadas.
El mundo ideal es que los partidos no impugnen contaminados por el entorno político, que solo acudan de manera excepcional al tribunal para reclamar aspectos técnicos. Me encantaría. Pero en una competencia electoral tan compleja como la actual los actores no van a renunciar a las impugnaciones, a pelear hasta la última instancia sus agendas y posturas.
Me sumo a que trabajemos con mayor intensidad en los espacios de negociación política que, en mi opinión, nunca se han perdido y que, por el contrario, se amplían en todos los temas y en todas las instancias del INE central y desconcentradamente. El Tribunal es parte esencial del andamiaje institucional que nos permite organizar elecciones y decidir, en última instancia, las controversias que se presenten, sea por diferendos de interpretación jurídica o por la amplia gama de problemas que la política entraña.
Esta es mi postura y no la del INE. Tengo diferencia con la percepción del magistrado, quien juega un papel relevante en el Tribunal y acredita una amplia y reconocida trayectoria en la materia.
Consejero del INE
@MarcoBanos
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