Por: Estefanía López Mendoza, investigadora de Causa en Común
En días recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma que trasladaba el control operativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Si bien este dictamen ha sido calificado como un “revés” para la militarización de la seguridad pública, lo cierto que es que este calificativo está lejos de serlo, en la medida en que el carácter militar de la GN ha sido visible desde su creación.
Prueba de ello se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, en donde se señala que la GN sería “una institución de carácter mixto o intermedio, es decir, que, si bien será un órgano con mando civil, sus integrantes tendrán entrenamiento, jerarquía y estructura militar, lo que permitirá contar con una institución mucho más disciplinada y capacitada para hacer frente a la delincuencia”.
Sin embargo, a casi 4 años de la creación de la GN, el mando de dicha institución está en manos de un General de División, lo cual resta el carácter “mixto” sostenido en el PND, además de que gran parte de los elementos que la conforman provienen de asignaciones por parte de SEDENA y SEMAR. En este sentido, a pesar de que en los próximos 8 meses la SEDENA debería entregar el control operativo de la GN a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, persiste la preocupación de que las Fuerzas Armadas lleven a cabo tareas de seguridad pública.
El argumento de que la ciudadanía tiene un gran respeto y admiración por el Ejército, aunado al hecho de que el nivel de confianza es superior al de las policías estatales y municipales, ha sido utilizado desde sexenios anteriores para justificar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Así mismo, desde Palacio Nacional se ha hecho un intento por ocultar las críticas al carácter militar de la GN, aludiendo a la percepción de la ciudadanía a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), cuya edición más reciente fue publicada hace unos días por el INEGI.
Según los datos de la ENSU, el 67.7% de la población encuestada en septiembre de 2019 consideró efectivo el desempeño de la GN, mientras que para marzo de 2023 este porcentaje habría aumentado a 73.6%. En el caso del Ejército, el porcentaje no aumentó, sino que se mantuvo en 82% al comparar diciembre de 2018 con marzo de 2023, al igual que la Marina, quien se mantuvo con un nivel de 85% en cuanto a evaluación del desempeño. Por otra parte, la Marina es la institución que inspira mayor confianza a la sociedad con un 87.5%, seguida del Ejército con 83.4%, la GN con 76.7%, y por último se encuentra la Policía Municipal con un porcentaje de casi 50.
Sin restar el valor que merece la percepción de la ciudadanía en la evaluación del desempeño de las instituciones, justificar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el nivel de confianza es erróneo en la medida en que éste no puede considerarse como un indicador de resultados ni de efectividad. Por ejemplo, pese a que el nivel de confianza se incremente o se mantenga, la GN no ha logrado reducir los niveles de homicidios dolosos como se estipuló en el “Epílogo: Visión del 2024” del mismo PND. Es más, si se trata de analizar la relación de la ciudadanía con la GN, ¿no deben ser consideras también las 1,431 quejas realizadas a la GN de 2019 a 2022 por presuntas violaciones a derechos humanos, así como las 12 recomendaciones emitidas por la CNDH?