Por Edith Guadalupe Esquivel Adame
Secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Quienes proclaman ser la voz del pueblo asumen una legitimidad de 36 millones de mexicanos y mexicanas para cambiar el sistema de impartición de justicia por uno que no sólo carece de un verdadero diagnóstico, sino que pronostica el acercamiento a una era oscura, opaca y cercana al autoritarismo.
En su imaginario, la votación del 2 de junio pasado significó el permiso para aprobar la iniciativa de reforma al Poder Judicial enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.
En los últimos días, 359 diputados del oficialismo aprobaron el dictamen, sin el mínimo reparo por cumplir su obligación constitucional de por lo menos conocer la propuesta con debida anticipación y leerla, pedirles analizarla les parece inconcebible e innecesario.
Están llamados a acudir a alzar el dedo por consigna; hay quienes lo han llamado un regalo de despedida a su líder.
Afirman con intransigencia que los 36 millones de votantes están absolutamente de acuerdo con una iniciativa emitida por la voluntad de un mandatario, que no se tomó el tiempo de considerar cifras y datos reales de los problemas que aquejan a la justicia. Los “otros datos” han imperado en éste y parece ser que muy probablemente en el siguiente sexenio.
Sin embargo, ese número no es tan grande frente a más de 130 millones que tenemos derecho a una justicia imparcial, alejada de la arena política, donde impere la igualdad de circunstancias, en un proceso que sea regido por un tercero que su única consigna sean los valores de justicia, equidad y legalidad.
Recordemos que la justicia federal está para proteger a millones de personas, la responsabilidad no es minúscula. Si bien, la instancia federal es un espacio al que no todos deberíamos tener que acudir, lo cierto es que las estadísticas demuestran que la mayoría de los que tienen un problema con la justicia ordinaria o con las autoridades administrativas se ven obligados a agotarla.
Aclarado esto, 36 millones ya no parece un número aceptable cuando sabemos que más de 90 millones de personas pudieron haber acudido a las urnas y sólo poco más del 50 por ciento de éstas decidió hacerlo.
¿Por qué esta apatía? No podemos culparlos, no confían en sus representantes, todos nos han fallado, sea el color que sean.Pero cómo no desconfiar si mienten, manipulan y entorpecen la prosperidad de un país que les es entregado en sus manos con la esperanza de que harán lo mejor.
La deuda sigue latente, pero con esta reforma judicial será desmedida.
Los foros resultaron una simulación, la esencia de la reforma “voto popular de jueces, magistrados y ministros” quedó intacta; la trampa está en que previo a que sean votados, el filtro indudablemente tendrá un color partidista.
Adiós a la carrera judicial que durante casi 30 años ha formado grandes juzgadores del Poder Judicial Federal. Porque tenemos que distinguirlo, aunque el Ejecutivo y el Legislativo han tenido injerencia en el sistema de selección de los 11 ministros, los jueces y magistrados tienen un sistema aparte, que si bien es perfectible, ha sido funcional.
Pero todo eso se pretende dinamitar por un pequeño grupo de poder que sostiene saber qué es lo que le conviene al pueblo. Nada más alejado de la realidad.
La falsa idea de que 36 millones de votos apoyan el Plan C se destruye escuchando en las calles a ciudadanos que asumen haber votado por el oficialismo, pero estan en contra de que se elijan popularmente a los jueces y que la justicia se someta a juzgadores sin rostro.
Pero aún, si dejamos a un lado que seguramente no tienen esos 36 millones de legitimación para dilapidar el sistema de justicia, el número de personas que pudieran aceptar la reforma al Poder Judicial Federal están siendo engañadas.
En efecto, durante todas las mañanas de los últimos seis años, se utilizó un micrófono con el mayor alcance de audiencia y, sin que se nos olvide, con recursos públicos; para atribuirle al Poder Judicial de la Federación todos los males que aquejan a la sociedad mexicana; se culpó a juzgadores con nombre y apellido de la falta de pericia y responsabilidad de quienes se encargan de la administración pública, investigación de los delitos y del sistema de creación de leyes.
Es decir, se lavaron las manos y derramaron el agua sucia en los rivales más débiles, los de la toga, que permanecían en sus escritorios leyendo y resolviendo cientos de expedientes.
¿Entonces? ¿Se puede sostener el argumento de que la voz del pueblo quiere el Plan C? Esto se derrumba después de advertir que las personas que les otorgaron el voto fueron mal informadas, quienes prometieron representarlos faltaron a los hechos, los manipularon; no los culparía si se sintieran decepcionados.
La pelota está en la cancha del Senado, veamos que resulta en los próximos días. De aprobarse esta reforma, el tiempo revelará que este oficialismo traicionó al pueblo.
#rechazamosestareforma; #reformasíperonoasí
