Fernando Escobar Ayala
La enorme dimensión del problema delictivo que enfrenta México requiere instituciones profesionales, con recursos y capacidades suficientes en todos los ámbitos de la seguridad y la justicia, comenzando por la prevención y hasta la investigación y judicialización de los delitos. Sin embargo, las instituciones actuales están completamente rebasadas y carecen del respaldo político y presupuestal necesarios para desarrollarse y atender a las víctimas de delitos.
La diferencia abismal entre la cantidad de delitos cometidos y los esfuerzos de las autoridades para atenderlos, es alarmante. De acuerdo con las estimaciones del INEGI, en promedio, durante los últimos 10 años, se cometen alrededor de 29 millones de delitos anualmente en el país. Sin embargo, en promedio, solo se abren aproximadamente 1.8 millones de carpetas de investigación al año, y de estas, solo 200 mil se convierten en causas penales ingresadas al poder judicial.
La distancia entre estos datos nos dice que no existen capacidades para garantizar el orden público, pues los funcionarios y la clase política que define la organización de las instituciones, operan dentro de un aparato institucional colapsado. Es un colapso que se ignora con curiosa soltura, porque hacerlo significaría asumir responsabilidad. De cada, en tanto en tanto se invocan poderosos chivos expiatorios (como lo ha sido “la delincuencia” u hoy lo es “el Poder Judicial) para explicar la injusticia. Resultan absurdos a la luz de los datos.
Apenas el 6.4% de los delitos son investigados, y solo el 0.7% se procesan judicialmente. Hablamos de una impunidad prácticamente absoluta. A su vez, la falta de capacidades institucionales es un factor clave en la perpetuación de esa impunidad. México tiene una tasa de 2.3 policías por cada mil habitantes, por debajo del promedio de la ONU. Además, con solo 14,150 agentes del ministerio público trabajando en 3,881 agencias, cada agente tiene una carga de trabajo promedio de 335 carpetas anuales, lo que resulta en una justicia lenta y una creciente acumulación de carpetas pendientes.
Finalmente, la debilidad institucional contribuye al aumento de delitos de alto impacto. Por ejemplo, durante el sexenio pasado, la extorsión aumentó un 57%, el narcomenudeo un 62%, y la violencia familiar un 94%. Aunque los homicidios han disminuido ligeramente, México sigue promediando 34 mil víctimas de homicidios al año, y las desapariciones han alcanzado máximos históricos.
La creación de la Guardia Nacional (GN) fue uno de los legados más importantes del gobierno anterior para abordar la inseguridad. A pesar de la desintegración de la Policía Federal, la GN ha recibido un presupuesto creciente, alcanzando los 67 mil 526 millones de pesos para 2024, y cuenta con un personal de 133,102 elementos distribuidos en 372 compañías.
El crecimiento de la GN ha permitido contar con un mayor personal dedicado a la seguridad pública, representando el 23% del total de fuerzas de seguridad. Sin embargo, el 71% de los guardias nacionales provienen de las Fuerzas Armadas y el 26% no cuenta con el Certificado Único Policial, operando de manera irregular. A pesar de su tamaño, la GN ha tenido bajos resultados operativos. En 2022, la GN contribuyó con menos del 1% de los arrestos reportados, en comparación con el 75.9% realizado por las policías municipales. Cada arresto de la GN representa un gasto de 9.1 millones de pesos, mientras que cada arresto de las policías municipales cuesta alrededor de 56 mil pesos. Esto subraya la necesidad de fortalecer a las policías locales y dirigir los recursos hacia el desarrollo de sus capacidades.
La reforma constitucional en materia de GN consolida la militarización y abre las puertas para el uso intensivo de las Fuerzas Armadas, sin diseñar controles para regular su actuación. Entre los cambios más significativos está la transferencia de la GN a la SEDENA, la adopción del fuero militar por parte de la GN, y la eliminación de los últimos elementos civiles de la GN. Uno de los riesgos más grandes es la facultad del poder Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera ordinaria, sin mecanismos de control claros. Además, la eliminación del candado que limitaba la participación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz permite su intervención en cualquier asunto de la vida pública, lo que supone un gran riesgo para la democracia.
Para enfrentar estos desafíos, en Causa en Común proponemos una serie de reformas constitucionales y legales que establezcan el carácter civil de la GN, delimiten responsabilidades entre fuerzas armadas y policías, y fortalezcan las capacidades de las policías locales. Además, es crucial diseñar un plan para el repliegue de las Fuerzas Armadas a sus funciones propias de una democracia y promover una mayor articulación entre las diferentes instituciones de seguridad pública.
La crisis de seguridad y justicia en México requiere una transformación profunda de las instituciones responsables. Sólo a través de una mayor inversión en capacidades locales, una clara delimitación de responsabilidades y un control efectivo sobre las Fuerzas Armadas, podremos avanzar hacia un país más seguro y justo.
