@ebuendiaz
El miércoles el Tribunal Electoral resolvió en definitiva las impugnaciones relacionadas con la integración de la Cámara de Diputados y Senadores. Confirmaron lo que algunos temíamos, esto es, la existencia de una mayoría calificada de Morena y sus aliados. Ello significa que no tendrán ningún obstáculo para hacer reformas constitucionales y legales de cualquier tipo.
Desde hace 6 años, el Poder Legislativo se convirtió en un verdadero pasapapeles del presidente de la República. Pese a que existía oposición que incomodaba, la mayoría del Congreso no ejercía sus facultades de control a las propuestas de reforma legal y constitucionales del Ejecutivo, simplemente las impulsaban y aprobaban. Obviamente no advertían los efectos negativos que podrían tener éstas, pues era un honor estar con Obrador. Por eso, la oposición acudía al Poder Judicial para que resolviera si se apegaban o no a la Constitución. La mayoría de las veces se determinaba que no era así.
Si esa conducta del Legislativo resultaba peligrosa para el país, hoy el panorama se ve más gris. No hay oposición que pueda afrontar a la mayoría. Sabedores de ello, hoy existe la misión de dinamitar al Estado como lo conocemos y cambiar el diseño institucional mexicano respecto de aquellas instituciones que no son “leales” al gobierno en turno y sí a la Constitución. Ahora han centrado su ataque en algunos órganos constitucionales autónomos (OC) y en su principal dolor de cabeza: el Poder Judicial de la Federación.
Tratándose de los OC, a partir de una propuesta presidencial, el Legislativo ha iniciado los trabajos para desparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Hablar sobre la importancia de cada uno de ellos implicaría hacer un libro, pero sus nombres nos permiten inferir que cada uno de ellos ejercen atribuciones importantes y que resultan incómodas al poder político. Dichas autoridades fueron previstas en la Constitución para ejercer funciones técnicas y trascendentes para el país en las que los poderes tradicionales no deben intervenir, particularmente el Ejecutivo. Su naturaleza es también ser un control político y constituir un contrapeso frente a los poderes de la unión.
El acceso a la información pública gubernamental y protección a la privacidad, la generación de indicadores estadísticos para la correcta implementación de políticas públicas, así como la generación de condiciones para fomentar la competencia entre actores económicos y evitar monopolios, por señalar algunas funciones, son funciones que deberían ser desarrolladas por instituciones técnicas y especializadas que sean ajenas a la influencia y directrices de intereses políticos. Hoy la lógica es que ello no debe ser y mejor que el gobierno las ejerza.
Por otro lado está la perversa idea de que el Poder Judicial de la Federación ahora sea integrado por personas juzgadoras electas por el voto popular. Más allá que es una propuesta colérica del Presidente por las múltiples resoluciones en las que se revocaron reformas legislativas derivadas de sus caprichos, lo cierto es que es una ocurrencia sin pies ni cabeza. Ejemplo de ello, es que se pretende que la ciudadanía acuda a votar por candidatos a jueces propuestos por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que en la boleta las y los electores pongan los nombres a puño y letra.
Miren lo que implica esa ocurrencia. Si se trata de una elección con un flujo de votantes importante, es previsible que los funcionarios de casilla van a concluir el cómputo de votos con muchas horas posteriores al cierre de casillas, si no es que días, tratando de descifrar lo escrito por las y los ciudadanos y contabilizando votos de las múltiples opciones.
Seamos claros, de lo que se trata con los OC y el Poder Judicial es la captura de instituciones que sirven de contrapeso. El único beneficiado de ello es y será el poder político. No niego que todas las instituciones merecen un análisis sobre su funcionamiento y modificar lo que haya que modificar, pero desparecerlos o modificarlos con ocurrencias es un exceso. Hasta hace unos años, México era un país que avanzaba lento, pero con pasos firmes. Hoy sin contrapesos, se ve complicado.
Si antes estábamos en un pozo donde poco a poco alcanzábamos a ver la luz, creo que estas actitudes de reconfiguración institucional a gusto y modo de un grupo político nos va a colocar un lastre pesado que nos puede hundir y regresar a una oscuridad absoluta. Así ha ocurrido en otros países. Ojalá me equivoque.
*Maestro en democracia y derechos humanos.
