Cuan grande sería la ofensa que la ciudadanía ha hecho a quien hoy despacha desde el Palacio del Ayuntamiento, que cada acto que realiza, atenta contra nuestros derechos y en cambio beneficia a unos cuantos.
Por dar un ejemplo, dejar a su suerte a habitantes de la zona de Santa Fe ante un proceso penal que obligaría no solo a devolver sus casas, sino posiblemente terminar en prisión por delincuencia organizada.
Apenas unos días atrás circularon en redes sociales los citatorios que una Fiscalía Federal entregó a habitantes de Santa Fe; basado en un Decreto anterior a la Constitución para reclamar la propiedad en favor de la federación.
Muchos funcionarios Federales olvidan que ellos durante la administración de Andrés Manuel en el entonces Distrito Federal, promovieron la creación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano en esta zona.
Sin embargo, para hacer valer el denominado uso social del suelo, usan argumentos vencidos, e incluso criminalizan a la ciudadanía.
En una falsa idea de inmaculada reputación, hablan del desarrollo inmobiliario voraz de administraciones anteriores; pero lo realmente drástico se ha dado en los 4 años de esta administración. O ¿Acaso pretenden tapar el sol con un dedo? Acuerdos de facilidades administrativas, unificación de trámites, sin inspecciones ni visitas salvo protección civil, otorgando prácticamente de inmunidad por considerar al sector de la cosntrucción área indispensable para reactivar la economía.
Se les olvida la cita: ¡Como juzguen serán juzgados! pues al día de hoy son 7 zonas y 23 corredores inmobiliarios en lo que ya denomina Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda. Tan solo en este año van dos modificaciones al Programa, pasando de 18 corredores en el mes de marzo a los 30 espacios en total el pasado 12 de septiembre, incrementando el radio de impacto para permitir más y más niveles.
¿El argumento? Casualmente el mismo que se ha utilizado desde la administración anterior: cubrir con un déficit de vivienda en la ciudad, que no queda claro a ciencia cierta cuándo o cómo logrará el Gobierno de la CDMX que se oferte vivienda para toda la ciudadanía.
A pesar que el gobierno pretende convertirse en corredor inmobiliario dedicado a venta y renta de vivienda “adecuada e incluyente”, sólo tiene el nombre, ya que ni los metros cuadrados que propone la ONU son considerados en la propuesta del Programa General de Ordenamiento Territorial, que plantea el costo de venta para este año, de casi 1 millón y medio de pesos, o bien, en el caso de renta será 2 veces el de una UMA, por el número de metros cuadrados.
Pensemos lo peligroso que hoy significa comprar un departamento o inmueble en el que intervino la mano de esta administración:
Castillos en el aire como los prometidos en la ciudad perdida de Tacubaya, una zona de minas, pero decide rellenar con bloques completos de tabique sin el menor estudio de gestión de riesgos.
La decisión de compartir usos de suelo habitacionales con industriales en Vallejo-I, a pesar que en enero pudo costar vidas humanas el incendio de la zona.
Adquirir vivienda en Atlampa, donde he insistido en los procesos de remediación y saneamiento del suelo, ante la posibilidad que se encuentre contaminado y afecte a quienes lleguen a vivir,
Si no estamos interesados en un inmueble de este tipo, porque tenemos o esperamos recibir uno por donación o herencia o compra, se propone también un llamado “derecho del tanto” en el que el gobierno en igualdad de condiciones pueda adquirirlo antes que cualquiera de nosotros.
Para esta administración si aplica la cita bíblica que dice: “ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga que tienen en el suyo”, lo que me hace reflexionar si es voraz el desarrollo inmobiliario anterior, o el de esta administración.