Estamos próximos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una fecha para reflexionar sobre los pendientes en la agenda de igualdad de género, y para arrojar luz sobre temas en los que sigue imperando el silencio; uno de ellos, la violencia política de género.

Aún parece admisible que,a la Primer Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se le pregunte –una y otra vez- si podrá cumplir con su cargo y atender a su hijo por nacer; o cuestionar a Janet Yellen,quien estuvo al frente de la Reserva Federal, si solicitaba consejos a su esposo; o los comentarios sexistas que, en todo el mundo, reciben las mujeres políticas en sus redes sociales.

México no es la excepción. En los últimos años hemos escuchado a gobernadores decir que las mujeres “están rebuenas todas para cuidar niños, para atender la casa”; que una alcaldesa no pueda tomar posesión de su cargo por ser mujer, o atestiguar campañas de violencia política de género –señalamientos por aspectos físicos, amenazas de filtración de la vida íntima, o restricción de acceso a financiamiento– que van desde la violencia simbólica hasta actos de violencia física, incluso el asesinato.

Hablamos de quienes deben pedir permiso para ejercer su derecho a votar, hasta quienes logran un puesto de elección popular para luego cederlo o representar los intereses de los hombres que las “impulsan”; desde desigualdad salarial, hasta campañas de desprestigio que cuestionan su rol familiar.

En general, estos hechos no son vistos por la sociedad y por las propias candidatas, como violencia política de género. Parece haber un consenso sobre el “costo de hacer política”.

Llegaremos a nuestra próxima elección sin consecuencias penales para quienes afecten los derechos políticos de las mujeres, ya que el dictamen para tipificar la violencia política de género quedó en el tintero de la Cámara de Diputados, sin aprobación.

Las aspirantes o candidatas que son limitadas en el ejercicio de sus derechos,o quienes dentro de sus propios partidos políticos sufren de discriminación, falta de acceso a medios económicos o materiales para hacer campañas, tienen pocos recursos efectivos a su alcance para hacerse justicia.

Si bien el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres ha sido un recurso y una guía importante, aún no tiene la fuerza vinculante de la Ley y poco puede hacer la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para sancionar.

La falta de justiciabilidad del derecho de las mujeres a una participación política libre de violencia, da pie a un fenómeno de silencio acompañado de la complicidad y complacencia de los partidos políticos, que adoptan un doble discurso en función de sus estrategias y no de la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Es difícil precisar el impacto que ha tenido la violencia política contra las mujeres en su participación activa. A decir de testimonios globales, esta violencia inhibe el involucramiento de las candidatas y liderazgos femeninos, y frena trayectorias promisoras. Otra consecuencia es el debilitamiento de agendas de campaña sólidas sobre derechos de las mujeres. Este fenómeno construye una democracia menos incluyente, participativa y justa.

El pleno ejercicio de los derechos políticos-electorales de las ciudadanas no puede esperar más. Ahora es el momento.

*Fernanda Salazar es socia de Auris Estrategia y Comunicación, especialista en comunicación política.