No será fácil ni pronto, pero indudablemente menguará la violencia criminal que azota a México. El primer gran paso ya ha sido dado, con la arrolladora victoria electoral de las fuerzas políticas nacionalistas sobre el conservadurismo más reaccionario en junio de 2018.

Ahí empezó a romperse la cadena de complicidades entre el Estado y la delincuencia de todo tipo. Con la llegada de López Obrador al poder se terminó el permiso oficial para delinquir.

Pero no se terminó la impunidad. Ésta prevalece por obra y gracia de un Poder Judicial corrupto hasta la médula. La norma ahora es delinquir sin permiso pero sin castigo.

Por eso ha sido necesario dar un segundo gran paso: la reforma al Poder Judicial, la que básicamente consiste en la elección por voto popular de los tres escalones de la jerarquía judicial: jueces, magistrados y ministros.

La elección por sufragio ciudadano de los miembros de esa jerarquía sacará a la luz pública un proceso hasta ahora realizado en las sombras y a espaldas de la sociedad.

Adiós a los acuerdos cupulares, adiós al influyentismo, a los compadrazgos, a las conductas cortesanas. Esos vicios no podrán servir ni para anotarse en las listas de aspirantes a la carrera judicial, y mucho menos para resultar elegidos.

En ausencia del fraude electoral institucional, será la mayoría ciudadana la que decida quién será juez, quién será magistrado y quién será ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin fraude electoral institucional, la elección de los jugadores será tan limpia y transparente como fueron las elecciones generales de 2018 y 2024. Y estarán revestidas de la legalidad y legitimidad que caracterizaron los comicios en que fueron electos López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Si se tuviera que decir cuáles de los logros del obradorismo han sido los más importantes y trascendentes, habría que afirmar que sin duda el mayor fue la derrota del fraude electoral como política de Estado, y que de éste derivaron todos los demás.

En la lista de logros más trascendentes sin duda el segundo lugar lo ocuparía la reforma en curso del Poder Judicial. Éste era el último baluarte de la poderosa contrarrevolución que comenzó en 1940 con la Presidencia de Manuel Ávila Camacho, y que perdió el poder en 2018 con la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

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