Hace unos meses durante una entrevista con Alejandra, una mujer privada de la libertad que insiste en su inocencia y alega altas inconsistencias en su proceso jurídico me comentó que en su experiencia la justicia en México es “solamente para las personas ricas y los hombres poderosos”. Estas palabras se quedaron conmigo y me llevaron a una reflexión sobre nuestro sistema de justicia.
El sistema de justicia mexicano ha sido objeto de críticas durante décadas. Sin éxito, se ha buscado fortalecer todos los ámbitos del mismo, con el objetivo de reducir y eliminar la falta de acceso equitativo a la justicia, la corrupción y la impunidad que promueven una desconfianza cada vez más afianzada en los ciudadanos.
Una democracia sin un sistema de justicia eficaz, no puede ser una democracia funcional. Hoy, nos confrontamos con una fragilidad inmensa que se viene fortaleciendo desde hace décadas y se ve cada vez mas amenazada. El Estado de Derecho que es el principio mediante el cual se busca el cumplimiento de las leyes para garantizar legalidad e igualdad se observa sexenio tras sexenio debilitado. El objetivo del cumplimiento de las leyes es garantizar los derechos y las libertades para crear un ambiente de seguridad jurídica y social. En la actualidad, podemos percatarnos de que este objetivo no esta siendo alcanzado.
La certeza de que la ley se aplica de manera equitativa en México es cuestionable, la falta de acceso a la justicia para amplios sectores de la población resulta en un desafío y un reto hasta ahora inalcanzable. La desigualdad y la injusticia prevalecen en personas de bajos recursos que enfrentan dificultades para acceder a servicios legales adecuados.
La criminalización de la pobreza no ha cesado aún con el lema principal de este gobierno: “primero los pobres”. La contradicción que se muestra desde las altas esferas del gobierno, donde se habla de la defensa de la prisión preventiva -la medida que ha encarcelado a más pobres en este país- sin acceso a asesoría y defensa jurídica de calidad, promueve que permanezcan privados de la libertad por largos periodos de tiempo, lo que resulta en muchas ocasiones en víctimas revictimizadas.
Para abordar estos desafíos, es imperativo implementar reformas estructurales que fortalezcan el sistema de justicia mexicano. Reformas que incluyan medidas para mejorar el acceso a la justicia, la garantía del debido proceso y la presunción de inocencia. Además, es absolutamente crucial que se combata la corrupción dentro del sistema judicial, aplicando la ley estrictamente y fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas; todo ello, garantizando la independencia del poder judicial.
La propuesta de reforma al poder judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca principalmente que los ministros y jueces sean elegidos por voto popular se posiciona en la agenda como la principal controversia. Lejos de resolver las problemáticas que encara el sistema de justicia en México, puede exacerbar el problema con el riesgo de politizar al Poder Judicial, afectando su desempeño, imparcialidad e independencia.
El fortalecimiento del sistema de justicia en México deberá ser propuesto siempre hacia el camino del Estado de Derecho y de la consolidación de la democracia. La garantía de ello, es elemento esencial para construir una sociedad más justa, segura y democrática.
