Rubén Moreira Valdez
La democracia va más allá del sistema electoral, pero éste es el fundamento, y su autonomía, el requisito sine qua non de un régimen democrático sólido, en el que los ciudadanos tienen pleno control sobre el ejercicio del poder e influencia efectiva en la toma de decisiones gubernamentales.
En contraparte, las autocracias, casi todas populistas, han venido en lo que va del Siglo XXI construyendo sus propias “democracias”, fundadas en el poder despótico de mayorías generalmente ficticias, y han conformado, en consecuencia, sistemas electorales modo, para perpetuarse en el poder.
Y mientras en México la discusión entre ambas posturas ha polarizado a la sociedad y acapara la agenda pública, un quinto poder fáctico (si seguimos considerando a los medios de comunicación como el cuarto) viene, desde hace dos décadas, secuestrando la democracia, con una impunidad anonadante.
El crimen organizado corrompe, amenaza, asesina, para que autoridades municipales, estatales y hasta federales favorezcan sus operaciones y sean omisas ante sus delitos. Para ello, financia campañas, coacciona aspirantes e incluso convierte a sus miembros en candidatos y servidores públicos; finalmente, asesina a quienes “no se alinean”. Se ha convertido en el verdadero enemigo de la democracia.
El crimen organizado opera ya, en este ámbito, en por lo menos 24 de las 32 entidades federativas, según la investigación Homicidios de Alcaldes en México, un análisis de las víctimas, los perpetradores y las ubicaciones de los ataques, publicado por el Instituto Baker de Política Pública de la Universidad de Rice
Desde principios de este siglo a la fecha, han sido asesinados en todo el país mil 271 políticos, entre ellos 144 aspirantes a servidores públicos, precandidatos y candidatos a puestos de elección. El 81 por ciento competía por cargos municipales; otro 14 por diputaciones locales y gubernaturas y el 6 por ciento restante aspiraba a diputaciones federales.
Las elecciones de 2018 rompieron un récord de violencia, al registrarse 774 hechos delictivos contra políticos, con 152 víctimas mortales, de las que 48 eran aspirantes y candidatos a puestos de elección. La situación empeoró en los comicios del 2021, con mil 66 ataques, 38 por ciento más en comparación con el proceso electoral inmediato anterior.
Sin descartar que algunos de estos actos de violencia tengan otro origen, lo cierto y conocido es que detrás de la mayoría está el crimen organizado, y lo realmente preocupante es que las autoridades no cuentan con lo necesario para combatirlo eficazmente, lo cual seguramente cambiará con la reforma constitucional que extiende la participación del Ejército en seguridad pública hasta 2028.
Mientras esto sucede, es necesario contrarrestar el problema específicamente, desde la ley y en la materia electoral.
Por ello, presentaré hoy en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional para blindar el proceso electoral contra la intervención del crimen organizado, a través de diversos mecanismos jurídicos que conforman un sistema integral de vigilancia.
No podemos seguir pretendiendo que esto no pasa, que no es grave, que la verdadera amenaza a la democracia viene de otros actores. Es tiempo de tomar medidas, ¡ya, ahora!
