Conforme con el Decreto de Reformas a la Constitución en materia del Poder Judicial, el proceso electoral para elegir a las personas juzgadoras comenzó el pasado 16 de septiembre y ayer, sin partidos en la mesa y sin la emoción de otros procesos electorales, el Instituto Nacional Electoral inició la etapa preparatoria de las elecciones que habrán de celebrarse el domingo primero de junio de 2025, con todas las formalidades, calidades y garantías, como en el caso de las elecciones para renovar a los poderes ejecutivo y legislativo, según comprometieron las y los consejeros electorales,
Se trata de uno de los retos operativos y políticos más relevantes y complejos que ha correspondido al IFE-INE, que tendrá que organizar un proceso electoral en medio de más dudas que certezas. La base primordial es el propio Decreto que contiene la reforma ya convertida en norma vigente, pero con la ausencia del marco normativo secundario que no ha sido aprobada por el Congreso y que, con independencia de que se concrete, difícilmente sería aplicable a un proceso en marcha, cuyos huecos normativos, serán cubiertos con las atribuciones reglamentarias del INE que deberá emitir todos los acuerdos y criterios que sean necesarios.
Las principales urgencias están en la definición de la logística electoral que se implementará, el plan operativo con actividades calendarizadas y la definición de responsabilidades de las áreas técnicas, centrales y desconcentradas, del propio INE; la presentación y aprobación del presupuesto requerido y los mecanismos de comunicación que se pondrán en marcha para informar a la ciudadanía cómo se ejercerá el derecho al voto, sobre todo, cómo se conocerá a los aspirantes para poder elegir. En suma, las autoridades responsables parten de base cero, casi sin nada, ni plan de trabajo ni normas secundarias ni presupuesto.
Las autoridades electorales afrontarán la organización de unos comicios cuyos posibles beneficios para la sociedad y para la democracia mexicana ya generaron dudas hasta de algunas voces que se han destacado en la defensa de la 4T durante el mandato del presidente saliente. Y no es para menos, porque el proceso electoral en marcha tendrá costos elevados en lo económico, político y social para el país. La pura implementación de la reforma ocupará recursos que podrían ser más elevados que los ejercidos durante los comicios federales recientemente concluidos y de lo cual el INE deberá informar con puntualidad.
Las elecciones judiciales también se desarrollarán en medio de severos cuestionamientos por la contradicción evidente entre los argumentos esgrimidos por la 4T que ha sostenido que la elección popular de las y los juzgadores garantizarán su independencia, lo cual solo es retórica y no se garantiza con el mecanismo de selección de las y los aspirantes a cargo de Comités de Evaluación integrados y afines a la Presidencia de la República y a las mayorías parlamentarias de Morena en ambas Cámaras.
Tampoco se tienen diagnósticos ni estudios que, con seriedad y objetividad, demuestren que el nuevo modelo de justicia que se implementará por la decisión de la aplanadora oficialista garantizará los derechos de las personas que soliciten el arbitraje de las y los juzgadores que emerjan de las urnas. Tal y como ocurrirá con temas como el acceso a la información pública, en materia de justicia será el gobierno el que decida a quién se le da la razón, mientras que en los diferendos que el propio gobierno tenga con los particulares, veremos como los mecanismos de defensa contra las arbitrariedades del poder se vuelven inexistentes. Por lo pronto, observemos cómo resuelve el INE el galimatías que tiene en las manos.
*Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
