Marco Baños*
El proyecto de sentencia del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación que resolverá como infundada la impugnación de la elección presidencial presentada por Xóchitl Gálvez y los partidos que la postularon no constituye sorpresa alguna. Si bien está a revisión de las magistraturas, es un hecho que perfila la validez de la elección presidencial y legitima el intervencionismo ilegal del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Llama la atención el uso de tecnicismos legales y los argumentos expresados en el proyecto para decir que el proceso electoral no tuvo un entorno de violencia ni de incidencia del crimen organizado y que las referencias contenidas en la demanda de la oposición constituyen opiniones subjetivas de las que no se deduce una posible afectación a la elección presidencial, pues sus efectos son aislados y se ubican en ámbitos municipales.
Sobre el intervencionismo de AMLO y del ejército de servidores públicos de la 4T se sostiene que no es posible tener por acreditada la sistemática y reiterada intervención del ejecutivo federal a través de las mañaneras o de la presentación de su libro “Gracias”, porque, de acuerdo con la magnitud de la participación ciudadana, tampoco se afecta la elección y, en todo caso, la intervención de distintos funcionarios, de la propia Comisión de los Derechos Humanos o la de Arturo Zaldívar, todavía como ministro de la Corte, son simples hechos aislados.
Lo mismo ocurre con aspectos como los apoyos que se generaron en favor de la candidatura oficial a través de diversos sindicatos o de la distribución de beneficios de los programas sociales donde en múltiples ocasiones se evidenció el modus operandi de presión, a cargo de los servidores de la nación, para el ejercicio del voto, pues el proyecto califica como insuficientes las pruebas, diciendo que no acreditan una aplicación sesgada que demuestre la contravención de los principios de imparcialidad y equidad en el desahogo del proceso electoral.
Desde el inicio de la etapa impugnativa era previsible que los juicios promovidos por la oposición en contra de la elección presidencial no tendrían el efecto de anularla y menos de alterar el curso de la historia para que Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta de México. De lo que se trata es de que el Tribunal con una actuación decorosa reconozca las infracciones a la normativa electoral aún vigente que se cometieron por el presidente de la república y diversos funcionarios o instituciones afines a la 4T, lo cual, al parecer no ocurrirá.
A reserva de conocer la versión final del proyecto de sentencia en cuestión y del dictamen de la calificación de la elección presidencial, es claro que el Tribunal perfila una validación tersa, que abone a los intentos de López Obrador que no solo minimiza problemas como la violencia que privó de la vida a más de treinta personas precandidatas o candidatas y no a seis como se dijo en las mañaneras y que afanosamente sostiene que no intervino en el proceso electoral ni desplegó violencia de género en contra de la candidata de la oposición.
Al final, el órgano jurisdiccional incurre en argumentos contradictorios que contribuyen a la narrativa oficialista, pues el intervencionismo del presidente por la vía de las mañaneras fue declarado ilegal por el mismo Tribunal, tanto por su Sala Superior como por la Regional Especializada, aunque no se hayan establecido sanciones y, ahora, ni consecuencia alguna sobre las elecciones. Es inaceptable que por la vía de los tecnicismos procesales se diga que Xóchitl Gálvez no tiene interés jurídico en la demanda que presentó o que el tipo de juicio usado no permite emitir medidas de reparación a las faltas que se denuncian, pero les queda el propio dictamen de calificación para corregir. Veremos, en breve, qué dicen las magistraturas en su declaración final.
*Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
