En torno a los 16 días de activismo de la eliminación de la violencia contra las mujeres hay un tema que me parece de vital importancia visibilizar: el embarazo adolescente. Del total de nacimientos registrados en México en 2021 (1.9 millones), 111 mil 172 correspondieron a madres que tenían entre 10 y 17 años.
Las consecuencias económicas, educativas y de salud de la maternidad temprana están a la vista; el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que en México este fenómeno genera pérdidas anuales para el Estado de 63 mil millones de pesos (un 0.3% del PIB); que sólo el 7% de las madres adolescentes tienen educación de nivel medio superior en adelante en contraste con el 22% de aquellas mujeres que han sido madres en edad adulta.
Cada año se pierden en el país años de vida productiva por muertes relacionadas con el embarazo y el parto en adolescentes. El abandono y el rezago educativo de las madres jóvenes se profundiza según su contexto socioeconómico y por consecuencia, las oportunidades de tener un trabajo decente se reducen por la precarización laboral, permaneciendo en condiciones de pobreza y exclusión.
La maternidad temprana impacta sobre los ingresos laborales; la UNFPA señala que los ingresos anuales de las mujeres que han tenido hijos siendo adolescentes resultan 31.6% menores de quienes fueron madres en edad adulta.
Si tomamos en cuenta los nacimientos registrados en madres menores de 20 años en 2021, la cifra se ubica en 278 mil 557, mostrando una tendencia a la baja. La incidencia del embarazo adolescente es heterogénea en el territorio nacional; durante el año pasado Chiapas se ubicó con la tasa de nacimientos más alta, seguido por Guerrero, Zacatecas, Tabasco y Oaxaca.
La desigualdad se manifiesta por sexo, pero también por grupo étnico. En esos estados el embarazo temprano se presenta de manera diferenciada entre adolescentes indígenas de quienes no lo son; el Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) reportó en 2018 que los nacimientos en niñas de 10 a 14 años, 9.7% correspondieron a madres que se consideran indígenas, en tanto que la proporción de nacimientos en mujeres de 15 a 19 años ocurrió en 7.5% de los casos.
Las niñas embarazadas son producto de un abuso y en su mayoría de una violación por un miembro de la familia o persona cercana, por lo que se vuelve más doloroso, más grave e inaceptable y donde la denuncia está prácticamente ausente y la impunidad más presente.
Una sociedad avanzada y que proteja los derechos humanos de niñas y mujeres no puede permitir que eso continúe; debemos asumir ésta como nuestra causa tomando acción en diversos ámbitos.
#16días
@ClauCorichi
