Durante todo el sexenio encabezado por el presidente López Obrador, este pudo negociar con un buen número de empresarios acuerdos importantes, ya sea en lo individual o a través de organizaciones patronales.
La lealtad demostrada por hombres de negocios, a lo largo y ancho de la industria nacional, fue un factor que le permitió al gobierno federal realizar varios de sus proyectos y mantener relativamente alta su aprobación.
Una de las razones por las que no hubo una ruptura entre los empresarios y el grupo en el poder durante el sexenio, se debió a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dió marcha atrás a iniciativas del Ejecutivo que pudieran haber dañado el ambiente de seguridad para los negocios.
La cosa es distinta esta vez. No sólo la coalición oficialista tendrá mayorías para cambiar la Constitución sin tener que negociar con nadie, sino que es muy probable que pronto la nueva Presidenta pueda nombrar a ministros en la SCJN, que nunca discreparan con las acciones y propuestas del Ejecutivo y el Legislativo, sino que se plegarán totalmente a sus decisiones.
Al parecer, varios empresarios, en lo individual y en lo colectivo, ya han tomado debida nota del grave riesgo que enfrenta la República. Así lo han hecho saber en una serie de comunicados y declaraciones. La última se ha referido al plan del gobierno para extinguir siete organismos autónomos. Su preocupación no es gratuita: un dictamen que pondría en marcha tal liquidación ya fue aprobado, por lo pronto, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
A pesar de que la Presidenta electa tuvo una reunión aparentemente fructífera con importantes grupos de empresarios, sus declaraciones y acciones ya no son vistas con tanta aprobación por el mundo empresarial mexicano. Aunque sigue siendo una incógnita cómo ella gobernará, no parece haber mucho optimismo en que no cumplirá la agenda que impuso López Obrador.
Un escenario posible que no sería benéfico para el país sería uno de confrontación entre gobierno y empresarios. Hay que decir, sin embargo, que la culpa de ello la tendría la intransigencia de quienes ocuparán el poder si es que continúan con sus planes.
No sería este un primer caso de disputa entre gobiernos populistas y empresarios. En Hungría, Brasil y la India, por poner sólo tres ejemplos, los empresarios fueron sojuzgados por los poderes en turno. En la Hungría de Viktor Orbán, la centralización del gobierno ha erosionado la noción del sector privado. En el caso de Brasil, la debilidad de las instituciones ha debilitado la confianza de los empresarios. En el caso de la India, el personalismo centralizado del gobierno de Modi ha depauperado a pequeños negocios.
Luego esta el caso ruso, donde Vladimir Putin se deshizo de empresarios que no lo apoyaban pero le dió poder a quienes nunca disintieron de él. El resultado fue el de una clase empresarial corrupta y supeditada a un régimen autocrático.
Esperemos que ninguno de estos paradigmas ocurra en México en el próximo sexenio. Lo mejor, sin duda, es que gobierno y sector empresarial trabajen en consonancia en beneficio del país. Este otro paradigma es el que se ha practicado en naciones exitosas. Desafortunadamente, por ahora, parece que se navegará por el rumbo equivocado.
